/ martes 17 de agosto de 2021

Detecta IMCO mayor riesgo de corrupción en compras públicas

El Gobierno Federal también adjudicó más de cuatro mil millones de pesos a empresas de reciente creación

Del 2018 al 2020, el riesgo de corrupción en compras públicas se incrementó en 147 de 247 instancias federales por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante estos años, el Gobierno Federal también adjudicó más de cuatro mil millones de pesos a empresas de reciente creación, y 256 millones de pesos a empresas fantasmas, reveló el organismo a través de su Índice de Riesgos de Corrupción.

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A través de esta herramienta, el IMCO resaltó que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, que pertenece al Corredor Transístmico; el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Birmex y el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), son las cinco instituciones con el mayor de riesgo de corrupción en sus procesos de compras públicas.

“No se logró el objetivo de ser más transparentes con las compras de la UNOPS. En Compranet no se van a encontrar las compras de medicamentos; de hecho, están disponibles en sus propios portales, pero la información es muy pobre, muy opaca”, Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del IMCO.

Parte de los problemas identificados se debe a que algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra o que, por ejemplo, en el caso de las instancias educativas, la documentación correspondiente se publica de manera tardía.

Por otro lado, la investigación del IMCO precisó que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), porque desde 2015 las contrataciones realizadas por estas empresas no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

El organismo dirigido por Valeria Moy destacó que es necesario que las instituciones públicas federales identifiquen las deficiencias y anomalías en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones.

“En términos de transparencia las compras en México no destacan por ser ejemplares, pero las compras que se han hecho por la UNOPS incluso son más opacas”, puntualizó Pablo Montes.

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Del 2018 al 2020, el riesgo de corrupción en compras públicas se incrementó en 147 de 247 instancias federales por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante estos años, el Gobierno Federal también adjudicó más de cuatro mil millones de pesos a empresas de reciente creación, y 256 millones de pesos a empresas fantasmas, reveló el organismo a través de su Índice de Riesgos de Corrupción.

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A través de esta herramienta, el IMCO resaltó que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, que pertenece al Corredor Transístmico; el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Birmex y el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), son las cinco instituciones con el mayor de riesgo de corrupción en sus procesos de compras públicas.

“No se logró el objetivo de ser más transparentes con las compras de la UNOPS. En Compranet no se van a encontrar las compras de medicamentos; de hecho, están disponibles en sus propios portales, pero la información es muy pobre, muy opaca”, Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del IMCO.

Parte de los problemas identificados se debe a que algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra o que, por ejemplo, en el caso de las instancias educativas, la documentación correspondiente se publica de manera tardía.

Por otro lado, la investigación del IMCO precisó que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), porque desde 2015 las contrataciones realizadas por estas empresas no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

El organismo dirigido por Valeria Moy destacó que es necesario que las instituciones públicas federales identifiquen las deficiencias y anomalías en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones.

“En términos de transparencia las compras en México no destacan por ser ejemplares, pero las compras que se han hecho por la UNOPS incluso son más opacas”, puntualizó Pablo Montes.

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