Autoridades de justicia de México y Estados Unidos se reunieron para dar seguimiento a las investigaciones del atentado terrorista ocurrido en la mañana del pasado 3 de agosto en contra de mexicanos en El Paso, Texas, y acordaron que un representante de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, viaje hoy a la ciudad estadounidense para reunirse con los fiscales estatales y federales que investigan el ataque.
Durante el encuentro, México externó a las autoridades de la Casa Blanca su preocupación por el acto cometido y manifestó su consternación por un posible vínculo del ejecutor con organizaciones supremacistas raciales y reiteró la importancia de llevar a cabo una investigación profunda de los hechos y de sus causas.
Por su parte, la embajada de Washington en nuestro país reconoció haber aceptado que se agregaran a la agenda de discusión bilateral, los temas de crímenes de odio y derechos civiles, aunque consideró que el encuentro, encabezado por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue similar a los que la Casa Blanca mantiene con muchos otros países.
“El encuentro forma parte de las iniciativas bilaterales continuas de intercambio de inteligencia con México, similar a los acuerdos que la Casa Blanca mantiene con otros países. A la luz de los recientes eventos de El Paso, los temas de crímenes de odio y derechos civiles se agregaron a la agenda de esta reunión, que ya se tenía programada”, afirmó la embajada, cuando hace unos días, el canciller Marcelo Ebrard, informó que la reunión era programada para integrar la carpeta de investigación contra Patrick Crusius, tirador que mató a ocho mexicanos.
La dependencia que encabeza Ebrard aseguró, tras el encuentro, que ambos gobiernos acordaron intercambiar información de sus respectivas investigaciones, en estricto apego a los marcos normativos de cada país. “Finalmente hablaron de la importancia de trabajar con las comunidades para prevenir crímenes de odio”.
También se informó que el Consulado de México en El Paso contrató los servicios de un despacho jurídico para presentar acciones legales por el tiroteo en donde murieron ocho mexicanos.