La comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) solicitaron a las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicar la información sobre el armamento y los protocolos de actuación que serán utilizados por el Servicio de Protección Federal (SFP) en la sede Santa Fe a partir de enero.
Así lo solicitaron al considerar que, según la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la intervención de las fuerzas de seguridad del estado en las instituciones académicas violenta su autonomía y genera un efecto amedrentador sobre la comunidad académica
“Por lo tanto, exhortamos a que el Conacyt, en su condición de cabeza de sector, a que publique íntegramente el contenido del contrato o convenio de servicios de seguridad acordados entre el CIDE y todos los Centros Públicos de Investigación con el Servicio de Protección Federal. Particularmente solicitamos conocer con claridad el armamento y protocolos de actuación acordados”, señalaron mediante un comunicado.
En el documento aprovecharon la oportunidad para agradecer el posicionamiento de Amnistía Internacional en México que el día de ayer advirtió que la decisión de integrar a fuerzas de seguridad del estado en el CIDE contraviene estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y es violatorio de derechos humanos.
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“Esta medida convertiría a nuestro Centro en la única universidad pública del país con este tipo de custodia, caracterizada por incluir en su manual de actuación la posibilidad de usar ‘fuerza letal’”, reiteraron.
El día de ayer el propio José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, aseguró en respuesta al posicionamiento de Amnistía Internacional que la contratación del SPF era por la “necesidad de mantener los servicios de vigilancia y resguardo de las instalaciones educativas”; sin embargo, aseguró que mantendrá las condiciones existentes de seguridad con personal femenino y sin la portación de armas de fuego.
En respuesta la organización especificó el día de hoy que más allá de estas acciones “vemos con preocupación que el cambio de proveedor de servicio de uno particular a las fuerzas de seguridad del estado, facultadas para intervención en la comisión de delitos y hacer uso de la fuerza” es violatoria de estándares internacionales.
Por lo anterior reiteraron su petición de que reconsidere la decisión de solicitar la intervención del SPF para las medidas de seguridad del plantel y privilegie el diálogo con la comunidad estudiantil.
En ambos posicionamientos, tanto Amnistía Internacional como la comunidad estudiantil, solicitaron la presencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique el respeto de las garantías en el proceso y actúen, según el mismo Romero lo solicitó ya desde ayer.
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