Desde 2017, funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusaron ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que recibieron diversas presiones para aprobar en ‘fast track’ los contratos que fueron adjudicados de manera directa a la empresa brasileña Odebrecht por los trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo.
Las declaraciones fueron desclasificadas ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de un acatamiento a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que el 17 de noviembre de 2021 ordenó a la FGR transparentar todos los documentos del caso Odebrecht por ser un tema de interés público y por tratarse de actos de corrupción.
Tal es el caso de la declaración de Gustavo Escobar Carré, exsubdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción de Petròleos Mexicanos, que en una comparecencia fechada el 26 de abril de 2017 aseguró ante los agentes del Ministerio Público que la necesidad de que se “firmaran rápido” uno de los contratos procedió de las diversas áreas de la paraestatal.
“Yo lo que recuerdo es que del área usuaria existía una presión todo el tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula, porque había otros contratos concatenados con éste”, dice su declaración. De acuerdo con las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, el área usuaria son las “destinatarias de los bienes, arrendamientos, obras y servicios de objetos de contrataciones”.
En este caso, Escobar señaló al “área administradora del Proyecto”, titular de identidad reservada, quien “manifestó la necesidad de firmar el contrato a la brevedad para no retrasar los proyectos”.
Una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese año fue la que detectó probables irregularidades en estos contratos por un monto superior a los cuatro mil 254 millones de pesos, indagatorias que iniciaron desde el 22 de diciembre de 2016, un día después de que directivos de la constructora confesaron ante una Corte en Estados Unidos haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos.
Pese a lo anterior, Escobar Carré aseguró que no hubo repercusiones en el patrimonio de Pemex por la designación de estos contratos “porque se cumplieron con toda la normatividad necesaria”.
Además, aseguró que no recibió nunca ninguna presión directa por parte de Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte por este caso.
Otra de las declaraciones fue llevada acabo por Alejandro Martínez Sibaja, exdirector general de Pemex Transformación Industrial, quien en una declaración del 15 de mayo de 2017, aunque negó haber tenido participación directa en los contratos entre Petròleos Mexicanos y Odebrecht, declaró que “probablemente sí me llamó la atención que el contrato de Tula II se gestionara en un solo día, pero no lo recuerdo”.
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También están las declaraciones de Fernando Amor Castillo, exsubdirector comercial de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, que aseguró que se designaron de manera directa estos contratos porque “no existían suficientes contratistas calificados para llevar a cabo la obra”, o la de Jesús Lozano Peña, exsubdirector de Proyectos de Pemex Refinación, que argumentó que la urgencia del proyecto era “motivado principalmente por el diferimiento del Proyecto de la Nueva Refinería en Tula, Hidalgo”.
Las desclasificaciones de estos testimonios ocurren luego de más de tres años en los que la PGR y la FGR negaron, a través de diversos amparos y apelaciones, entregar la información, recursos que fueron rechazados por el Poder Judicial, razón por la cual publicaron además información de la refinería de Salamanca y la planta Etileno XXI.
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