Ante la pérdida del 50% de los ecosistemas naturales del país, derivado de cambios en el uso de suelo otorgados por la autoridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Estado mexicano para que ratifique el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo Escazú.
Esto, con el fin de que la sociedad en general y las organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, se involucren en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas para legitimarlas, con base en los tratados y convenios internacionales de los que México es parte.
El organismo nacional destaca que las irregularidades relacionadas con modificaciones, prórrogas en autorizaciones en materia de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo y violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, han generado la pérdida del 50% de los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares idóneos del país.
Pone como ejemplo, el caso de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California, que por cambios en el uso de suelo, no contó con la debida protección para su conservación, razón por la que la CNDH emitió recomendaciones en las que señala omisiones e insuficiencias, por parte de la SEMARNAT, SADER, PROFEPA y CONAPESCA, que incumplieron con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y las Metas Aichi, respectivamente.
Destacó la importancia de que el Estado firme el Acuerdo Regional, cuyo objetivo es acceder de forma oportuna y efectiva a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar, en su caso, la reparación del daño, además de que establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las prerrogativas de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
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También pidió a las autoridades promover un modelo comprometido para mitigar la pobreza, asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar tanto la vida terrestre como submarina contra las actividades humanas desmesuradas, así como la sobreexplotación de las especies y los recursos naturales que ponen en peligro la biodiversidad del mundo.
Resaltó la necesidad de observar el cumplimiento de las normas y reglamentos asociados a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para garantizar que los cambios de uso de suelo otorgados no afecten los ecosistemas naturales en el país.
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