Activistas, funcionarios y legisladores coincidieron en la necesidad de modificar el marco legal penal a fin de no criminalizar a los periodistas por ejercer su profesión, y ven necesario, además, dar transparencia y garantizar un presupuesto suficiente para que opere eficientemente el Sistema Nacional de Protección.
La Cámara de Diputados a través de su Comisión de Gobernación y Población, celebró su Quinta Mesa para discutir la reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el Centro Universitario Tlatelolco, donde también se acordó necesario reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil y la Ley sobre Delitos de Imprenta para garantizar el derecho de los comunicadores y activistas para poder ejercer su trabajo y no ser criminalizados.
Los participantes sostuvieron que se debe abordar el tema de la violencia contra defensores y periodistas desde un punto de vista sistémico, y también que el Poder Legislativo está obligado a compartir con las diversas comisiones con las que cuenta, el tema laboral de los profesionales de la comunicación para compartir sus conclusiones y no llegar a visones encontradas, en las que se logre también mejoras laborales para los reporteros.
En la mesa de trabajo además se habló de la necesidad de articular la operación de las unidades estatales de auxilio con el mecanismo federal, o en el Código Penal o un eventual Código Penal Único.
También se expuso que desde el poder se criminaliza a diversos periodistas a través de demandas por un presunto daño moral, por lo que es necesario modificar el marco jurídico a fin de que el periodista no sea sujeto a demandas arbitrarias por presunto daño moral como represalia por ejercer su oficio, y que las presuntas demandas por daño moral sean desahogadas a través de juicios civiles.
Irina Vázquez Zurita, Coordinadora Ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC) destacó que es necesario que se implementen códigos de ética para las empresas de comunicación, y éstas tengan una corresponsabilidad en la que proteja a los periodistas y no se les abandone a su suerte tras publicar contenido controvertido o delicado.
La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores manifestó durante el ejercicio de parlamento abierto para discutir la ley de protección a estas personas que, es necesario hacer una revisión de los llamados delitos de imprenta como la calumnia, difamación y la injuria a fin de que no sean arbitrarias estas demandas.
Leonel Gerardo Jasso González, representante del Congreso del Estado de Nuevo León, planteó crear un consejo interinstitucional, entre áreas como salud, Poder Judicial o fiscalías, gobiernos estatales y federal,36 entre otros, para que haya una corresponsabilidad de para proteger a las víctimas.
La diputada presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera señaló que la urgencia para legislar en torno de una nueva ley de protección es para que mejore la situación que viven los reporteros en las calles, y desestimó que el lenguaje usado por el presidente de la República hacia la prensa incremente la violencia hacia los comunicadores, pues consideró que la violencia hacia los periodistas se viene arrastrando desde hace 10 años.
Al concluir los trabajos de esta mesa, recordó que “hay una ley federal con muchas ambigüedades y un mecanismo que no funciona”, asimismo, dijo que la violencia hacia los reporteros viene de una falta de coordinación y engranaje en diferentes ejes, como en los temas de justicia, legislativo y operación, “y ya es momento de que lo corrijamos, pero sin culparnos”, apuntó