El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió castigo a quienes falsifique certificados de vacunación contra el SARS-CoV-2, pues más allá de la comisión de un delito del orden federal, representa un problema de grandes dimensiones, toda vez que el objetivo principal de estos documentos es conocer el porcentaje de la población vacunada, para alcanzar la inmunidad.
A través de la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, el PRI presentó un punto de acuerdo, en el que señala que el certificado de vacunación es un documento público, que expide la Secretaría de Salud y por lo tanto su falsificación constituye un delito del orden federal que se castiga con prisión.
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Advirtió que es prioritario que las secretarías de Salud, Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, tomen las medidas pertinentes para prevenir, detectar y castigar la falsificación de este certificado de vacunación.
La senadora priista señaló de la importancia para que la Secretaría de Salud asegure un procedimiento eficiente y expedito para la corrección de datos de dichos documentos, así como la descarga de éstos.
Dijo que se requiere establecer plazos de respuesta y centros de atención claramente establecidos, para aquellos casos que no reciban respuesta, a través de medios electrónicos, y garantizar el derecho de audiencia al ciudadano.
Para conocer el porcentaje de la población inoculada, las autoridades realizan un registro previo y recolectan, entre otros datos, CURP, edad, género y lugar de residencia, posteriormente, se realiza el registro de cada persona que se vacuna, el tipo y número de dosis, lugar y fecha de la inyección y después emitir el certificado de vacunación.
Sin embargo, reiteró que el sistema de corrección disponible en el sitio https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html o “WhatsApp”, no se resuelve adecuadamente las incidencias que presentan algunos usuarios, como errores en las fechas de la aplicación.
Beltrones Sánchez aclaró que, si bien nada justifica la obtención de un certificado apócrifo, también lo es la imposibilidad de obtener un certificado correcto por parte de una persona que se vacunó en tiempo y forma, lo que representa un estado de indefensión que viola derechos fundamentales.
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