México- Familiares de periodistas presos en Tamaulipas enviaron una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que solicitan ayuda para que se les haga justicia a los comunicadores.

En la misiva exponen que hace un año y dos meses, tres familiares que se desempeñaban como periodistas en el municipio de Nuevo Laredo, fueron vinculados a proceso por el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el 13 de enero del año pasado.

De acuerdo con el escrito, en las investigaciones, que duraron un mes, se constató que el caso se manejó con fines políticos, se fabricó, y hay tres presuntos culpables, entre ellos Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, quien es tío del expresidente municipal de extracción panista Carlos Canturosas Villarreal.

Dicha persona iba a contender por Morena en las elecciones a alcalde en 2018, pero ante el arresto de su tío, fue presionado y se vio obligado a renunciar a la candidatura, así como los empresarios de Zacatecas Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo, quienes el día del asesinato del comunicador estaban en su entidad de origen.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades estatales, las investigaciones se basaron en un testigo protegido, Juan Carlos Yáñez Osornio, exconvicto por el delito de secuestro, quien cobró una recompensa de dos millones de pesos a cambio de decir que él escuchó a los zacatecanos decir que ellos habían ultimado al comunicador.

El otro testigo amañado es Rosa Nohemí Martínez Álvarez, nuera del occiso, quien rindió cuatro declaraciones a la Procuraduría y cayó en contradicciones, dando versiones diferentes en cada una de ellas.

Por lo anterior, señalan al presidente que ya transcurrió un año y dos meses de angustia, de injusticias, "de ver a nuestros familiares en la cárcel, de ver cómo mancharon su reputación porque ellos son profesionistas".

Gabriel Garza Flores, con 33 años de servicio en el periodismo; Luis Ignacio Valtierra Hernández, más de 21 años en los medios de comunicación, Juan Jesús González Zúñiga, quien realizaba sus estudios universitarios.

Destacan que "es muy triste para nosotros sus familiares ver como el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca los tomó como prisioneros políticos, por ello solicitamos su ayuda, porque todas las instancias de justicia han pactado con el gobernador y por presiones de Cabeza de Vaca no se han apegado a la ley a pesar de que las pruebas contra los imputados son débiles y sin fundamentos".

Detallan que "hay información que se dio a conocer en medios de comunicación que indica que el director general de Juicios Orales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Natanael Castelan Iturria, proporcionó información al testigo protegido, ya que éste fue su cliente en un caso en el estado de Tlaxcala".

Cuatro de los seis detenidos interpusieron amparo contra la vinculación a proceso, trámite que se realizó ante el temor de llegar a juicio, porque existe la seguridad de que el gobernador García Cabeza de Vaca presione a los jueces para que dicten sentencia condenatoria.

Ya hay orden directa del gobernador tamaulipeco y del procurador Irving Barrios Mújica que se sentencie a las seis personas vinculadas a proceso, sin importar las pruebas a su favor que presentan los imputados.

Recalcaron que el gobierno del estado, especialmente la Fiscalía especializada de Ciudad Victoria que está a cargo de la imputación, no ha querido tomar en cuenta carpetas de investigación relacionadas con el aseguramiento de vehículos en los que hallaron documentos personales de la víctima, así como la probable arma homicida.

"Para nosotros esto es un caso con tintes políticos, la carpeta de investigación es una aberración que fabrica culpables, es una farsa, como las que acostumbra a hacer el procurador Irving Barrios Mojica, quien ya lo hizo en Michoacán en el caso conocido como el 'Michoacanazo'".

También responsabilizaron al gobernador García Cabeza de Vaca de la muerte del periodista Gabriel Garza Flores, quien falleció el 14 de abril pasado, al no autorizar atención médica en el centro penitenciario; sufrió un infarto en las instalaciones del CEDES, fue trasladado en una camioneta tipo van, que carecía de lo necesario para una urgencia, y murió en el traslado al hospital.

Finalmente, en la carta ruegan a López Obrador "su ayuda e intervención en este caso, esto es político, los detenidos tienen ya un año y dos meses en prisión por un delito que no cometieron".

La misiva, firmada por las familias Garza Vielma, González Zuñiga y Valtierra Hernández, está dirigida también a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de esa dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez.