El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) buscar y dar a conocer las causas penales que se siguieron por enriquecimiento ilícito del 1 de enero de 2012 al 1 de marzo de 2021.
La resolución del instituto obedece a una queja interpuesta por una persona, luego de que la FGR le negara esta información, argumentando la inexistencia de ésta.
De acuerdo con el dictamen del Inai, la FGR tendrá que entregar los datos solicitados, detallando el año y la entidad donde se realizó el proceso, así como número de causa penal, nombre del juzgado o tribunal y el estado donde se ubica, sentido de la sentencia y en qué consistió la acusación.
Del servidor público implicado deberá proporcionar nombre, institución a la que pertenecía y el cargo que ostentaba.
“Para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar este delito, así como los actos de corrupción en los que pudieran incurrir las y los servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de la información, pues ello nos permitirá dimensionar el problema, conocer los avances, detectar o advertir irregularidades y encontrar nuevos enfoques para diseñar políticas públicas más eficientes”, señaló Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidente del Inai.
Durante la comparecencia, la Fiscalía presentó la información que había sido solicitada, desde 2013 hasta 2019; por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó los datos con los que cuenta desde marzo de 2019, fecha en la que entró en operaciones.
Tras analizar el caso, las autoridades el Inai determinaron que no se podía demostrar la inexistencia de la información, por lo que la FGR debía entregar los datos presentados ante el Instituto, así como los faltantes de los años 2012, 2020 y 2021. En el mismo sentido, ordenó proporcionar los datos de un funcionario, señalados como confidenciales en el informe, al considerar que pesa en su contra una sentencia condenatoria firme.
Por último, se solicitó a la FGR buscar toda la información solicitada en la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, la cual conoce de las investigaciones realizadas por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.
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En el último informe entregado por la Secretaría de la Función Pública al Congreso de la Unión, se detalló que, de septiembre de 2019 a junio de 2021, 39.6 por ciento de las denuncia presentadas por posibles delitos contra los intereses de la nación fueron por enriquecimiento ilícito.
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