La empresa Televisa anunció la salida de Carlos Loret de Mola, quien colaboró en ese medio de comunicación 18 años, en medio de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre supuestos pagos a columnistas para vulnerar la imagen de su gobierno.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Loret de Mola aseguró que su salida del noticiario Despierta, que se transmite de 6:30 a 8:00 de la mañana por Las Estrellas, fue una decisión difícil tanto para él como para la empresa. En su lugar entrará un espacio encabezado por Danielle Dithurbide.
“Este viernes 23 de agosto, Carlos Loret de Mola dejará la conducción del noticiario matutino Despierta, que el día de hoy cumple tres años al aire. Lamentamos mucho que la relación contractual con Televisa haya llegado a su fin. Estamos seguros de que el éxito lo seguirá acompañando en su labor periodística”, anunció ayer la televisora en un comunicado.
López Obrador ha cuestionado el trabajo periodístico de Loret de Mola y la veracidad de sus publicaciones. En octubre del año pasado, el periodista calificó de fifí la boda de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos del Presidente desde los tiempos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A lo que López Obrador reviró: “¿le creen ustedes a Loret? No, hay periodistas con todo respeto que mienten como respiran y ya, no lo vuelvo a decir”.
En esa polémica, el periodista respondió vía Twitter “Lamento que el presidente electo @lopezobrador_ se haya confundido y me atribuya un comentario que hizo un colaborador en mi programa de radio #SinAnestesia @universal881”.
Durante su conferencia matutina, el Presidente aseguró que muchos columnistas mienten y hay muchísimas notas falsas. Pero garantizó que en su gobierno no habrá censura. Además, se refirió al diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que apunta la necesidad de aumentar el presupuesto y la infraestructura, a fin de que esta política pública se eficaz.
Al respecto, garantizó que pese a la austeridad republicana su gobierno inyectará recursos suficientes para cuidar a los reporteros.
El diagnóstico de la ONU advierte que el mecanismo no garantiza la seguridad de los informadores, ya que desde 2012 fueron asesinadas siete personas, amparadas en este instrumento que opera la Secretaría de Gobernación.
Que siete personas que habían sido incorporadas al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas fueron asesinadas desde 2012, pone en evidencia que dicho programa sigue siendo una respuesta insuficiente para garantizar la seguridad de los informadores y defensores de derechos fundamentales, según advierte la Oficina de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En su diagnóstico sobre el Mecanismo, realizado a petición del gobierno federal, el organismo internacional alerta, también, de un incremento del 70 por ciento en las solicitudes de incorporación al mecanismo, lo que además de colocar a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la protección de derechos humanos, hace urgente reforzar el programa en áreas de prevención, recursos económicos y humanos.
El documento advierte que, para finales del actual sexenio será insostenible mantener la operación del mecanismo, pues en 2024 los recursos que requerirá rebasarán los mil millones de pesos –cifra que triplica su actual presupuesto– y el número de personas que atiende será mayor a tres mil 400.
“Suponiendo la misma tendencia constante entre 2025 y 2030, para el año 2030 se necesitarían recursos por cuatro mil 130 millones de pesos”, destaca.
“Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida”, agrega el documento.
Entre las mayores preocupaciones mostradas por la ONU-México destaca el hecho de que el año pasado no se pudo concluir ningún caso por disminución de riesgo y que en aquellos donde se identificó a los presuntos perpetradores de las agresiones, 55 por ciento son funcionarios públicos.
