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El desorden en la estrategia del gobierno de la Cuatroté para enfrentar la corrupción en la compra de medicinas generó mayor opacidad que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto porque se incrementaron las adjudicaciones directas a los proveedores al pasar de nueve mil millones de pesos en 2013 a 21 mil millones de pesos en 2019, revela una investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa.
En “Operación Desabasto. Así se detonó la escasez de medicamentos”, investigación conducida por Alejandro Melgoza y Denise Tron, para la organización Impunidad Cero y Justicia Justa, se afirma que “se pasó de nueve mil 675 millones de pesos en contratos públicos adjudicados directamente en 2013, a 21 mil 47 mdp en 2019, siendo el 2019 el más alto hasta el momento”.
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Si bien para el año 2020 bajó a siete mil 954 millones de pesos, las descripciones son las más “ambiguas en las bases de datos de Compranet a través de la nueva clasificación ‘otras contrataciones’. Es decir, no se aclara si es licitación o adjudicación”, insisten.
Los montos licitados públicamente se mantuvieron por arriba de las adjudicaciones directas entre 2013 y 2019. Pero en 2020 cambió esa tendencia, ya que se licitaron solo 781 millones de pesos, frente a los más de siete mil millones de pesos adjudicados.
Comprar bajo ese esquema implicó mayor riesgo de corrupción y posibilidades de nuevos registros para el desabasto de los medicamentos. Es decir, provocó “una inadecuada aplicación de la centralización de compras, la desorganización en los procesos de compras e inhabilitaciones a las principales distribuidoras, que aunado a la llegada de la Covid-19 en marzo, agravaron el problema en las cadenas de suministro”.
Aunque momentáneamente cubrieron el desabasto, la distribución y la logística de almacenaje y entrega de los medicamentos son aún temas sin resolver. Esto incluye de una manera muy particular a las vacunas contra el coronavirus –cuya entrega no ha cubierto aún ni uno por ciento- sobre todo cuando éstas se requieran llevar a las áreas de más complejo acceso.
Durante el proceso de transición de gobierno en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó un plan para que las compras públicas pasaran a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de reducir los costos y combatir la corrupción.
Para el gobierno de la Cuatroté ese cambio de paradigma se traducía en quitar facultades de compra a instituciones de nivel federal para que quedaran a cargo de un equipo de confianza. Sin embargo, ese cambio “ocasionó que se desbaratara el modelo de compra consolidada de medicamentos que, desde 2013, realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que inició como un programa piloto para disminuir precios y generar ahorros”.
A decir de Enrique Martínez, el cambio significó “comprar más caro, menos piezas y no lograr cubrir las necesidades”. A esa cadena de irregularidades se suman casos como el que se presentó en el fallo de la licitación LA-006000993-E4E-2019 de diciembre de 2019, en el que quedaron desiertas mil 923 claves de medicamentos. Es decir, 62 por ciento no lograron comprarse, de acuerdo con un informe de la Comisión de Abasto de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Es la cifra más alta desde que comenzó este programa piloto de compras consolidadas del IMSS.
“Entre el desorden que tendrían en 2019 más el que continuó en el 2020, se llegó a que muchos medicamentos no fueran adquiridos de manera correcta y solicitada”, apuntó el experto del Inefam.
La situación del desabasto, la desorganización en los procesos de compras e inhabilitación a las principales distribuidoras, en medio de acusaciones públicas de estar inmersas en la corrupción, agravaron el problema en las cadenas de suministro. “Todo este año [2020] fue compra desordenada”, dijo Juan Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF).
En la investigación, la ONG encontró que se hicieron estudios de mercado incompletos, compras con defectos y retrasos en la publicación de las convocatorias que llevaron a cifras récord de claves desiertas. Tampoco se consideró quiénes serían los nuevos proveedores y que estos tuvieran capacidad de atender la demanda de los hospitales y la capacidad de distribuir en todo el país, lo que lleva incluso a señalar que esto puede repercutir en la eficacia para la distribución de medicamentos para el tratamiento contra la Covid-19 en los próximos meses.
Ante las denuncias de mayor desabasto, en particular de los padres de familia de los niños con cáncer, el gobierno lopezobradorista ideó un nuevo mecanismo para hacerse de los medicamentos, y a partir del 31 de julio de 2020 anunció un acuerdo entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Insabi, en el que también estuvieron presentes representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
A partir de ese momento, se encargó de las compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2021-2024. Este proyecto le costará al gobierno mexicano 6 mil 800 millones de dólares, de los que la Oficina de Naciones Unidas cobrará 1.25 por ciento.
Lo que no advirtió el nuevo gobierno es que el mecanismo no estaba permitido por la legislación mexicana y los legisladores impulsaron una reforma fast track a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tomó menos de dos meses para su publicación el 11 de agosto de 2020.
Según el calendario de la UNOPS, el proceso de licitación de medicamentos iniciaría en octubre de 2020, sin embargo, inició hasta el 4 de diciembre
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