El informe presentado el jueves y la captura el viernes del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como las 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, elementos de tropa y demás funcionarios públicos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa muestran la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por resolver el caso, aseguró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
En un comunicado, la organización civil destacó las acciones que el gobierno presidido por el presidente López Obrador ha llevado a cabo específicamente desde el jueves respecto al caso Ayotzinapa, donde, además de lo ya enumerado, la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia creada para la atención de este hecho concluyó que la desaparición de los jóvenes se trató de un crimen de Estado.
Lee también: Murillo Karam se sintió mal y el regaño del juez a los fiscales: los ecos de la primera audiencia
“Tras casi ocho años de lucha por la verdad y la justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los avances mostrados confirman, una vez más, que hubo una política intencional de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. El devastador informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México,” pidió Guevara Rosas.
La representante de Amnistía Internacional en el país reconoció también la detención contra Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en Iguala, cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; 11 policías estatales de Guerrero y 14 presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Los recientes avances son el resultado de la lucha incansable de las madres, padres y familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y el destacado y arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos que los han acompañado. El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos sobre la desaparición forzada de los estudiantes, así como fortalecer a las instancias del Estado dedicadas a la investigación de este atroz crimen, lo cual contribuye positivamente al saldo de la deuda después de casi 8 años”, concluyó.
CNDH manifiesta solidaridad con familiares de normalistas de Ayotzinapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también reconoció el avance en las investigaciones de las autoridades federales y confió en que el trabajo de éstas sea el necesario para esclarecer los hechos, de tal manera que los responsables sean juzgados y sancionados por este hecho.
Al reiterar su rechazo a la llamada “verdad histórica”, la dependencia hizo un llamado a “los jueces que están llamados a intervenir, para que no permitan que la impunidad manche estas acciones, fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia, y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado”.
En tanto, manifestó su solidaridad y respaldo hacia las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hasta que exista un pleno acceso a la verdad y la justicia y recordó que aún quedan algunos pendientes a resolver en las pesquisas como son el “investigar a personal de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación que conocieron los hechos minutos después del primer ataque a los normalistas; investigar sobre los nexos entre la delincuencia organizada y elementos de las fuerzas armadas, autoridades federales y autoridades estatales de Guerrero”, entre otros.
