La Secretaría de la Función detectó irregularidades durante la administración de Enrique Peña Nieto por 544 mil millones de pesos, especialmente en el gasto ejercido en programas y obras públicas.
“En total, la nueva Función Pública realizó más de 2 mil 500 auditorías, que permitieron realizar más de 10 mil observaciones por 544 mil millones de pesos. Este es superior al presupuesto de Educación y Salud juntos, los dos sectores con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, lo informó la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval al presentar su Primer Informe de Fiscalización a cargo de esta dependencia.
En presencia de los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicación y Transportes, Turismo y de órganos como el IMSS, ISSSTE y SAT, Sandoval Ballesteros criticó que la corrupción en obras y programas sociales se convirtiera en un mecanismo de corrupción depredadora antes que una inversión social y económica en gobiernos anteriores.
“Nadie puede olvidar la estela de la corrupción, el socavón del neoliberalismo o el ten del despilfarro que caracterizó la obra pública de las pasadas administraciones. La corrupción además de enriquecer a ciertos burócratas deterioró las relaciones Estado-sociedad”, sentenció.
Al destacar los casos de corrupción ejemplares detectados inscribió al aeropuerto que se construía en Texcoco, al identificar irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos, de los cuales más de 6 mil millones de pesos se dieron en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos que fueron usados para pagar obras que no se ejecutaron.
También, delineó gastos indirectos no justificados el desvío del trazado de una carretera en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz.
Además, el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.
