Ayer se solicitaron las primeras cuatro órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes tras el incendio del lunes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, informaron la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra.
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En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Herrerías Guerra explicó que las cuatro órdenes de aprehensión son contra el migrante que provocó el incendio, un guardia de seguridad privada asignado a la estación migratoria y dos servidores públicos.
Los delitos que investiga la FGR son homicidio doloso, daño en propiedad ajena y lesiones.
Rosa Icela Rodríguez además, dijo que hay ocho presuntos responsables que ya presentaron su declaración ante la FGR, por lo que se espera que se soliciten más órdenes de aprehensión.
“Al momento se tienen identificadas inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos: dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”, dijo.
La titular de Seguridad federal justificó la ausencia de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Gobernación, Adán Augusto López, —responsables de la política migratoria— en la conferencia para informar sobre la tragedia.
“Cada una de esas instancias está haciendo su trabajo de manera institucional, tanto el secretario de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación y yo estoy aquí en calidad de coordinadora del gabinete de seguridad del gobierno de México y estoy para responder, para dar la información y llevar a cabo este ejercicio de informar”, expresó.
La funcionaria fue cuestionada sobre el nombre de la empresa que brinda seguridad a la estación migratoria, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) ha contratado el servicio desde hace años por no contar con la capacidad humana para hacerse responsable por sí mismo, pero omitió dar el nombre.
CAMSA
Grupo de Seguridad Privada (CAMSA), S.A de C.V. es la empresa contratada por el Instituto Nacional de Migración (INM) para la vigilancia de la estación migratoria de Ciudad a Juárez, donde 39 personas, procedentes en su mayoría de Guatemala, perdieron la vida a causa de un incendio en una de las celdas de detención.
Fuentes del INM confirmaron a El Sol de México que esta empresa, con sede en la Ciudad de México, se hizo de la custodia de las instalaciones de la dependencia a cargo del comisionado Francisco Garduño, a través de una adjudicación directa.
Las fuentes señalaron, sin embargo, desconocer si CAMSA. S.A de C.V. tenía autorización para operar en Chihuahua.
En 2022, Grupo de Seguridad Privada CAMSA sólo firmó un contrato con el sector público, el del Instituto Nacional de Migración, pero ninguno en 2021 ni 2020.
En 2019, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) asignó a la empresa, por adjudicación directa, tres contratos trimestrales para la vigilancia de su Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, en Querétaro. En total, la institución educativa pagó poco más de 888.5 mil pesos.
En agosto de 2015 CAMSA registró su marca ante el IMPI como Grupo Tank Seguridad Privada Profesional cuyos valores se establecen en el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la actitud de servicio.
En total, el INM ha pagado más de 523 millones de pesos a empresas privadas para la seguridad de sus instalaciones, de acuerdo con contratos hechos públicos por la propia dependencia incorporada a la Secretaría de Gobernación.
El presidente Andrés López Obrador reveló durante su conferencia de prensa mañanera de ayer que el INM tiene un contrato con una empresa de seguridad privada, que se encarga de la vigilancia en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde se produjo la tragedia que ha provocado las críticas de organizaciones internacionales como la ONU y la exigencia para que se aclare y se castigue a los responsables.
Por la tarde de este miércoles CAMSA retiró a su personal de la estación migratoria en Ciudad Juárez y en su lugar fueron desplegados elementos de la Guardia Nacional, según constató este diario.
El trato a los migrantes extranjeros en las estaciones del INM es como de la que se les da a los presos en las cárceles: con vigilancia de personal de seguridad, se les priva de la libertad, se les revisa físicamente e incluso son blanco de correcciones disciplinarias por parte de los directores de esos lugares, identificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente informe.
Las estaciones y las estancias provisionales para los migrantes extranjeros en nuestro país “no han cambiado, continúa un modelo carcelario en el que se mantiene a las personas en celdas con barrotes y bajo llave, sometidas a rutinas propias de centros de reinserción social, basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a los derechos humanos”.
El informe especial, Situación de las estaciones migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención, de la CNDH, dio cuenta en ese año de la situación en 30 estaciones migratorias, previa a las oleadas más importantes de migrantes centroamericanos a nuestro país.
Ese documento da cuenta de una situación que no ha cambiado y que ha sido materia de observación de diversos organismos internacionales como el que hace tres meses emitió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que llamó al titular del INM, Francisco Garduño, a atender el sobrecupo en los campamentos o espacios para los extranjeros que fueron expulsados de Estados Unidos y se encontraban en los albergues de Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.
A través de una encuesta aplicada a los migrantes, la CNDH calificó las condiciones en las que son tratados dentro de las estaciones migratorias y revela el nivel de inconformidad de los extranjeros detenidos.
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Sólo 23.2 por ciento de los encuestados dijo que los alimentos estaban bien, 14.7 por ciento indicó que la higiene era adecuada, 8.1 por ciento calificó bien, los dormitorios, colchonetas y cobijas, y apenas 7.1 por ciento sintió que recibió un trato digno por parte del personal del INM.
Sobre el incendio en Ciudad Juárez, el gobierno federal reiteró que inició porque los propios migrantes prendieron fuego a las colchonetas en reclamo ante presuntas deportaciones y por la mala calidad de atención que recibían.
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