Ante la decisión del gobierno federal de decretar como Instalaciones Estratégicas el Aeropuerto de Santa Lucia con la intención de que el poder judicial avale la construcción del aeropuerto Felipe ángeles el colectivo #NoMásDerroches, advirtió que de revocarse las suspensiones definitivas otorgadas por jueces, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía.
El colectivo señala que el aeropuerto militar en Santa Lucía existe desde hace casi 70 años y se encuentra en operación y funcionamiento con toda regularidad. Lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio. Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público.
En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente.
Hace hincapié en que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de construir y presupuestar el aeropuerto civil internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía sin contar con los permisos, autorizaciones, dictámenes y estudios que señalan las leyes y sin atender el mandato constitucional de ejercer los recursos públicos con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
“Como consecuencia de este acto y en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho, el colectivo #NoMásDerroches, promovió más de un centenar de amparos y obtuvo suspensiones definitivas en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía (AISL)”, advierte.
Para revocar dichas órdenes judiciales, el Ejecutivo decidió invocar “el interés nacional” y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Y en efecto, la SEDENA solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo el argumento de que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica.
Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional, que pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
#NoMásDerroches recalca que el Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades. Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos.
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