El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que del 96.55 por ciento de las metas que tenía programadas para 2022 en materia de respeto y seguridad a personas detenidas en las estaciones migratorias, a finales del año pasado alcanzó un avance del 100.3 por ciento de sus objetivos, según una medición de transparencia del propio organismo.
De acuerdo con indicadores de la institución que preside Francisco Garduño Yáñez, el INM superó las metas establecidas en el indicador Política y Servicios Migratorios, específicamente en las de “brindar un trato digno a los migrantes nacionales y extranjeros, con estricto apego a sus derechos humanos”.
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La medición corresponde al cuarto trimestre de 2022 (octubre-diciembre) y fue realizada por la Dirección de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Migración, instancia que --según la ficha técnica que publica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)-- validó los datos el 23 de enero de este año.
Dos meses después de palomear dicho informe, 39 personas detenidas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, perdieron la vida (18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano) y 28 resultaron heridas tras un incendio al interior de ese inmueble a cargo del INM.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró el jueves en conferencia de prensa que ya declararon ocho presuntos responsables de la tragedia, entre ellos cinco elementos de la empresa de seguridad que custodiaban la estación, dos agentes federales y uno del Instituto Nacional de Migración (INM).
Aseguró que en la investigación no se protegerá a ningún funcionario y lamentó que durante el incendio no se respetaron protocolos. “En lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja”, lamentó la funcionaria.
En la ficha técnica --que publica el INM en la obligación de transparencia denominada “Indicadores de resultados”-- el organismo indica que el objetivo institucional de esta medición es “instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional”.
Esto --añade el informe-- “reconociéndolos (a los migrantes) como sujetos de derecho, mediante eficiencia y eficacia de los trámites y procedimientos migratorios, para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular, con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos”.
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