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A cuatro años de haber sido cancelado el Registro Nacional de Población, (Renapo) mediante el cual se pretendía dotar de una cédula de identificación única a 40 millones de menores de edad en todo el país, la Secretaría de Gobernación busca completar dicho proyecto a pesar de no contar con la infraestructura necesaria para resguardar los datos biométricos, por lo que pedirá al INE copia de las fotografías y huellas dactilares.
“La Segob no tiene la infraestructura ni la credibilidad pública que tiene el INE, hay un impedimento constitucional para la entrega de información que está en la base de datos del padrón electoral”, señaló recientemente el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
Y agregó que por ley, el instituto a su cargo no puede entregarla salvo mandato judicial.
Del 2006 al 2012, periodo en que estuvo activo el programa, el gobierno federal gastó alrededor de dos mil millones de pesos, y aunque se proyectaron cuatro millones mil 597 Cédulas de Identidad Ciudadana, el proyecto finalmente nunca se completó. Además, alrededor de 1.7 millones de micas quedaron embodegadas al no ser recogidas por los ciudadanos y tuvieron que ser destruidas.
El 10 de septiembre pasado, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que pedirá al INE copia de las fotografías y huellas de los mexicanos que cuentan con credencial para votar, como parte de las acciones para garantizar el derecho a la identidad de quienes viven en territorio nacional y de los que residen en el extranjero. Además dijo que hay 40 millones de menores de 18 años que no tienen dicha cédula.
EL CAMINO
La Cédula de Identidad Ciudadana fue anunciada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en julio de 2009, la cual vinculó rostro, huellas dactilares e inclusive la huella del iris de los mexicanos que participaron en el programa, aunque ésta no remplazaría a la credencial para votar.
No obstante, legisladores de distintos partidos mostraron su desacuerdo con este plan bajo el argumento de que se podría hacer mal uso de los datos, por lo que el 3 de marzo de 2011 los diputados interpusieron una controversia constitucional ante la Corte, la cual fue sobreseída en septiembre del mismo año.
Ante esto, la Secretaría de Gobernación modificó el plan y decidió que la cédula ya no sería para todos, sino sólo para los menores de entre cuatro y 17 años, por lo que se comenzó a recabar las 10 huellas dactilares, imagen del iris y fotografías del rostro de 6.8 millones de menores de edad en 15 entidades.
En 2018, meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación destruyó alrededor del 1.7 millones de credenciales de menores que no fueron recogidas y fueron dados de baja de los archivos.
El exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, (en el sexenio de Calderón) sostuvo que la nueva identificación para menores sería una tarjeta que contaría con la fotografía de cada persona, una banda magnética y datos como las huellas dactilares, la composición del iris e inclusive el tipo de sangre.
"No sólo es un documento en donde aparece la fotografía y el nombre, es un documento que tiene los datos biométricos vinculados" a ese nombre, lo cual hace infalsificable "no la credencial, sino la identidad de las personas", dijo.
Alfonso Navarrete Prida, último secretario de gobernación en el sexenio de Peña Nieto, informó que se reviviría el Renapo, por lo que se estaba integrando una base de datos más grande de registro nacional de menores, la cual debe ser más ágil.
Se comprometió a que al término del sexenio la nueva base de datos debía tener un sistema muy sólido de lectura de huella dactilar, no solo para menores, sino para muchas otras áreas a cargo de la Segob.
Lorenzo Córdova, sostiene que la Segob no tiene la infraestructura ni la credibilidad pública que tiene el INE. “Hay un impedimento constitucional para la entrega de información que está en la base de datos del padrón electoral. “Por ley no podemos entregarla salvo mandato judicial eso no implica que no encontremos mecanismo para poder utilizar esa base de datos que es la más importante en términos de datos biométricos que hay en el país”.
Córdova, aseguró que están a un “solo convenio” con la Secretaría de Gobernación para empezar a credencializar a menores de edad, pero actualmente existe “un impedimento constitucional para la entrega de datos del padrón electoral y los pueden entregar salvo un mandato judicial”.
Especificó que los datos los recabaría el INE y la responsabilidad de resguardarlos tendría que pactarse. “Hoy Gobernación no tiene una infraestructura informática, recuerden que la infraestructura informática que tiene el país es la del Registro Nacional de Electores, que ha resistido ataques, ciberataques, los más grandes que ha tenido una institución del Estado Mexicano, eso quiere decir que es una información bien resguardada”, destacó el titular del INE.
