La pelea por el huachicol en Hidalgo

Desde enero de 2020 hasta agosto, Hidalgo se ha ubicado en el primer lugar de tomas clandestinas de hidrocarburo a nivel nacional con un total de seis mil 345 perforaciones ilegales que se han realizado en 35 de los 84 municipios de la entidad, de acuerdo con datos estadísticos generales de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este año, La refinería de Tula —inaugurada en 1976— es uno de los seis centros de refinación que existen en el país, pero al ser la más cercana a la Ciudad de México se convirtió en uno de los objetivos de las bandas que comercializan el combustible en la zona centro del territorio nacional, según reconoció el exgobernador Omar Fayad Meneses, en junio de 2022.

Los ductos que conectan con Hidalgo están compuestos por gaseoductos —que transportan gas natural y gas licuado— que enlazan con la Ciudad de México y Salamanca, Guanajuato, así como con Tuxpan, Veracruz, y forman parte de un total de mil 392 gasoductos que existen en el país con una extensión de más de 34 mil kilómetros.

También por Hidalgo se extiende una red de poliductos y oleoductos —que transportan petróleo crudo hasta los procesadores— los cuales conectan con el Bajío y el sureste del país, además, también pasa una serie de gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ligan con Tuxpan, Veracruz, y éste a su vez con Texas, Estados Unidos, según el mapa general de polígonos elaborado por la organización Cartocrítica, basada en datos de Pemex.

El robo y comercialización de hidrocarburo es un delito federal de alto impacto que ha provocado la generación de otras actividades ilícitas como el secuestro, robo de vehículos, extorsión y homicidios, de acuerdo con información estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Hidalgo, Octavio Magaña Soto, afirma que persiste un elevado nivel de impunidad para quienes se dedican a este delito, por lo cual del huachicoleo se desprenden otros ilícitos como el secuestro, extorsión—relacionado con el denominado cobro de piso—homicidio y robo de vehículos.

El legislador local comenta que, aun cuando el robo de combustible es un delito federal, los otros ilícitos que están vinculados a esta actividad son del fuero común, lo que complica que se garantice la impartición de justicia en estos casos.

El también representante del distrito de Tula asegura que es fundamental que exista un acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que se integren de forma más efectiva las carpetas de investigación por los delitos del fuero común y federal.

El combate

Desde que Andrés Manuel López Obrador arribó a la presidencia de la República en diciembre de 2018, se comprometió a erradicar el robo de combustible en el país, mismo que se consideraba como un delito que afectaba sólo a estados como Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Estado de México.

Durante los primeros días de la actual administración federal se cerraron los ductos para evitar que se siguiera extrayendo el combustible en las zonas afectadas, lo que generó una escasez pronunciada de gasolina y una serie de protestas por la falta de este insumo.

De acuerdo con el Presidente de México, esta estrategia estuvo acompañada de la intervención del Ejército que se encargó de la seguridad de las gasolineras, no obstante, en enero de 2019 debido a la falta de combustible, decenas de personas se acercaron a una perforación ilegal de un oleoducto de Pemex, lo que derivó en la tragedia más grande en la historia reciente del estado de Hidalgo.

Dos meses después se creó la Guardia Nacional, con la cual el gobierno federal ha desplegado cientos de elementos en las zonas afectadas por esta actividad ilícita para prevenir y detener las perforaciones ilegales, así como eliminar la comercialización clandestina del combustible.

En la actualidad la Guardia Nacional cuenta con 14 coordinaciones regionales en Hidalgo, de las cuales sólo cuatro se han instalado como cuarteles en Ixmiquilpan, Zempoala, Huichapan y Tepeji —zonas que también han sido afectadas por el huachicoleo--, y se encuentran en proceso de construcción en Tlaxcoapan y Actopan, según dijo en entrevista con El Sol de Hidalgo, Alejandro Cruz Nava, segundo subinspector de la Guardia Nacional.

El robo y la comercialización de combustible se ha convertido en una actividad recurrente por parte de distintas bandas locales como el grupo de Palmillas, Pueblos Unidos, Cártel de Hidalgo, Los Hades, entre otras, que son algunas de las agrupaciones que disputan el control de este delito, según identificó la Sedena.

En distintos operativos federales y estatales, la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la policía estatal han detenido a diferentes líderes locales del huachicoleo en Hidalgo como Salvador “N”, alías “El Rex”, quien presuntamente operaba en Hidalgo y Querétaro; José Artemio “N”, alías “El Michoacano”, líder de Pueblos Unidos, quien había sido detenido en noviembre de 2021 y escapó en diciembre de ese año del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, y finalmente reaprehendido el pasado 19 de abril en la Ciudad de México y trasladado a un penal federal.

Marín “N”, otro de los principales líderes huachicoleros que operaba en Puebla e Hidalgo, fue detenido el 22 de agosto de 2021 en un operativo en el municipio de Cuautepec; mientras que Carlos “HG”, alías “El Guiller”, fue aprehendido el pasado 27 de junio en un operativo también desarrollado en el municipio de Cuautepec.

También el 19 de enero de 2019, horas después de la explosión de Tlahuelilpan, en el municipio de Mixquiahuala fue asesinado Julio César Zúñiga, alías “La Parka”, quien fue señalado por las autoridades estatales como uno de los principales generadores de la violencia en los municipios del Valle del Mezquital.

La Sedena identificó a otros líderes huachicoleros que operan en el Valle de Tulancingo y Valle de Mezquital, quienes presuntamente trafican el combustible robado hacia otros estados como Querétaro, Puebla, el Estado de México y Veracruz y quienes aún siguen en libertad.

Cuautepec, el municipio con más tomas clandestinas

Cuautepec es uno de 35 municipios hidalguenses afectados por el robo y la comercialización de combustible, en los primeros siete meses de este año se situó como la demarcación con la mayor cantidad de tomas clandestinas con 595, de acuerdo con el reporte general estadístico de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Junto con Atotonilco de Tula y Ajacuba, se situaron entre los cien municipios del país con la mayor cantidad de perforaciones ilegales detectadas en este año, siendo Cuautepec el único que también se ubicó entre las demarcaciones con la mayor cantidad de tomas clandestinas detectadas entre enero y julio de este año.

En diez de las 98 comunidades que conforman este municipio ubicado en el Valle de Tulancingo, a 124 kilómetros de la Ciudad de México, se han presentado alguno de los delitos de alto impacto que están relacionados con el huachicoleo, ya que se trata de una de las zonas con la mayor cantidad de gasoductos, oleoductos y poliductos que pasan por el territorio estatal con una extensión de 52 kilómetros de conexiones federales de hidrocarburos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios se incrementaron entre julio de 2020 y julio de 2022, pues pasaron de 23 a 35 en la variación bianual, situación que también se reprodujo en otros delitos como la extorsión que pasó de 31 a 56 casos en la misma revisión de periodo.

También en Cuautepec se han suscitado movilizaciones sociales en contra de la presencia de las fuerzas armadas, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, pues han defendido a las personas que se dedican a esta actividad reteniendo a militares, como sucedió el pasado 25 de marzo, cuando un grupo de soldados fueron obligados a devolver dos camionetas que habían asegurado en un operativo en la comunidad de Almoloya y que eran utilizadas para traslado de combustible robado.

Después, el 6 de julio pasado en la comunidad de Santa Rita, en el mismo municipio, los pobladores provocaron la huida de elementos de la Guardia Nacional en el destacamiento de esta corporación, luego de presuntamente haber asesinado a un huachicolero en un enfrentamiento durante la madrugada de ese día en la localidad de Almoloya.

En el estado de Hidalgo este delito cobró relevancia a partir de 2015, cuando la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), durante el gobierno de José Francisco Olvera Ruíz, efectuó los primeros operativos para detener a los responsables.

Posteriormente, con el inicio de la administración de Omar Fayad Meneses en septiembre de 2016, el huachicoleo se visibilizó más con distintos operativos conjuntos con la extinta Policía Federal y el Ejército mexicano.

Tula y sus municipios vecinos, Tepeji del Río, Tlahuelilpan, Tianguistengo, Apaxco, Ajacuba, Tetepango, Tezontepec y Mixquiahuala, reportaron una tendencia al alza en cuanto al número de tomas clandestinas que se reportaron en el estado.