En 1962, Rachel Carson escribió La primavera silenciosa (Edit. Crítica) una de las primeras obras que denunciaban los impactos que el uso de pesticidas estaba generando en el ambiente y en la sociedad. Carson señalaba que la industria química era una de las más contaminantes y que, de no cambiar la manera de hacer las cosas, habría muchos costos sociales y ambientales. 60 años después, la industria química y muchas otras industrias han seguido su avance, con una mínima integración de externalidades sociales y ambientales trayendo consecuencias como la alta mortalidad, la devastación ambiental y la crisis climática.
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Lo que Carson y otros científicos y ambientalistas querían en aquel momento era llamar la atención y llamar a la población y a los gobiernos a hacer algo para detener estas industrias que pronto se convertirían en las grandes acumuladoras de capital. Esto detonó la generación de movimientos ambientales en Estados Unidos y otras partes del mundo. Pese a las millones de voces que se sumaron a ellos, los políticos de aquella época nunca vieron en los problemas ambientales, prioridades de agenda.
No fue sino hasta el siglo XXI que gobernantes comenzaron a ver en los temas ambientales una preocupación, no sólo por lo evidente del problema, sino porque poblaciones enteras, incluidas las juventudes, decidieron salir a tomar las calles para alzar la voz ante lo que podemos considerar la peor crisis ambiental y climática, producida por los seres humanos. Lo que alertaba Carson sería sólo el comienzo de lo que hoy alertan miles de científicos, como los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).
RESPONSABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS
El IPCC ha documentado desde su fundación en 1988, es decir, 34 años, los impactos del cambio climático. Desde su primer informe en 1990, el IPCC señalaba que actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y la deforestación, estaban provocando una alteración al sistema climático planetario, debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, que tienen un alto poder de absorción de calor) estaban aumentando su concentración en la atmósfera. La relación de estas actividades humanas y el calentamiento planetario era evidente, pero aún con un grado de incertidumbre. Esto dio paso a la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCCC) para regular a nivel internacional el problema.
Pero no fue hasta 2018 con el Informe especial de calentamiento global en 1.5º C y en 2021 con el Informe de la Ciencia de Cambio Climático, que el IPCC confirmó que no había duda alguna que las actividades humanas causaban el cambio climático. En su más reciente informe publicado en febrero de 2022, el IPCC señala que el problema no es sólo que los impactos siguen avanzando, sino que si no hacemos nada, pronto varias medidas de adaptación ya no tendrán efecto, pues el problema será mucho más grave (IPCC, 2022).
El IPCC señala que de 2010 a 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, en comparación con las regiones de muy baja vulnerabilidad. Y confirma que aproximadamente entre 3 mil 300 y 3 mil 600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático y que existe una gran porción de especies vulnerables al cambio climático. No obstante, menos del 15% de la tierra, el 21% del agua dulce y el 8% del océano son áreas protegidas, lo que quiere decir que las demás están expuestas a los impactos negativos del cambio climático (IPCC, 2022).
Los últimos informes del cambio climático han sido claros en que no hay una región del mundo que no sea vulnerable ante algunos de los impactos del cambio climático, pero lo que varia de región a región es la capacidad de respuesta y, en muchos países, esta capacidad se ha visto mermada, como en el caso de México.
MÉXICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
México es un país declarado altamente vulnerable ante los impactos del cambio climático. También en febrero de 2022, publicó su primera Comunicación sobre la Adaptación ante el Cambio Climático, en donde señala entre otras cosas que “en el país, el 14% de las cuencas hidrológicas, con el 32.1% de la población mexicana, y el 24% de los acuíferos, donde habita el 52.9% de la población nacional, presentan problemas de déficit de agua, los cuales serán agravados bajo condiciones de cambio climático” (INECC, Semarnat, 2022). Aunado a ello, señala que el calentamiento global resultará en cambios hacia condiciones climáticas “no aptas para la diversidad biológica y ecosistemas del país, tanto en el continente como en islas mexicanas, principalmente del Golfo de California, el Mar Caribe y en Áreas Naturales Protegidas (ANP)”. Enfatiza que la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales “se verá aún más comprometida por la pérdida de biodiversidad por los impactos del cambio climático global” (INECC, Semarnat, 2022).
La comunicación hace alusión a que los costos por los desastres hidrometeorológicos en México ascendieron a 35 mil 371 millones de dólares (mdd) en el periodo 2000-2020. Y que “los costos netos del cambio climático se incrementarán en este siglo; a más de 130% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2010”, esto incluso en un escenario de cumplimiento del Acuerdo de París, y que esto podría ser aún mayor ante un escenario de inacción mundial. Por primera vez, este informe habla de que el costo aproximado de un grupo de medidas de adaptación analizadas “oscilaría entre 19 mil 600 mdd y 25 mil 700 mdd en un lapso de 20 años”, es decir, cerca de mil 285 mdd anuales.
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA ATENDERLO?
México ha generado a lo largo de los años una arquitectura institucional y de política para combatir el cambio climático, consolidando el más importante de sus instrumentos, la Ley General de Cambio Climático en 2012, que se dio gracias a la participación multi-actor. La Ley marcó un hito en la atención del cambio climático, sin embargo, aunque México ha sido signatario de la CMNUCC desde sus inicios, su política climática nacional ha variado mucho. Lo anterior se ha asociado al interés que los mandatarios han tenido sobre el tema.
En el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) había un interés más explícito en el tema, mismo que cambió en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2016), a quien si bien le interesaba el tema, no lo consideraba como prioritario. Si bien se avanzaba en la política climática, la política energética no cambió de manera radical, es decir, se mantuvo un interés en la producción de combustibles fósiles, pero se impulsó la transición energética. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, cambió el panorama de manera radical.
Desde su llegada, López Obrador dejó ver que su objetivo de fondo era “rescatar” al sector energético, en particular Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dos entidades que con la reforma energética del 2013 cambiaron de estatus, pasando de controladores a competidores. Y es que el sector se abrió a la inversión privada y extranjera que antes sólo eran de control del estado. López Obrador señala que esa reforma fue un ataque a la soberanía de la nación, pues se le dio a otros el poder. Y por ello su reciente contrareforma energética busca revertir estas decisiones dadas en la “Reforma de Peña Nieto”, para regresar el poder a Pemex y la CFE.
¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? que con la contrareforma de López Obrado se busca que Pemex y CFE se fortalezcan mutuamente pero a base del uso de combustibles fósiles, en donde Pemex pueda venderle a CFE recursos como combustóleo para mantener sus plantas de ciclo combinado, entre otros procesos que mantengan una “codependencia”. En este sentido, la recuperación del sector energético que plantea López Obrador está basada en combustibles fósiles y aunque han mencionado que pondrán en marcha proyectos como una planta solar en el norte del país, este es sólo un proyecto que no parte de una estrategia integral de transición.
MÉXICO VISIÓN 2030
En 2016, México fue el primer país en desarrollo en someter sus Contribuciones Nacionalmente Determinantes (NDC) que son compromisos que los países hacen para reducir emisiones y para incrementar la adaptación y la resiliencia al cambio climático. México se comprometió a reducir 22% de sus emisiones de GEI para 2030. Cinco años después, cuando el país tuvo que enviar una nueva contribución nacional, porque el Acuerdo de París de la CMNUCC sugiere que estas NDC deben someterse de manera periódica, pero siempre bajo un principio de progresividad, es decir, que no sean menos ambiciosas que las anteriores. Sin embargo, en 2020, México sometió sus “nuevas” NDC con la meta de reducir 22% de sus GEI para 2030, si, la misma meta de reducción que en 2016. Es decir, no hubo un incremento de la ambición.
Esta falta de ambición en las NDC son un reflejo de la falta de ambición de la política climática mexicana en general. Durante 3 años de gobierno de López Obrador hemos sido testigos del desmantelamiento de las instituciones ambientales y climáticas. Comenzó con eliminar el Fondo para el Cambio Climático, que tenía compromisos de financiación ya establecidos. Continúo la emisión de unas NDC sin ambición, y ha seguido con el desmantelamiento de las instituciones, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que perdió su autonomía para hacerse parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien ha justificado el empoderamiento del sector fósil.
Pero quizá el golpe más duro que se ha dado al sector ambiental es la reducción del ya reducido presupuesto de egresos que ha tenido para operar. Desde la llegada de López Obrador, el sector ha tenido una caída paulatina del presupuesto, sin el cual el sector se ha reducido a mantener la participación mínima en las diversas áreas de trabajo. Esto bajo la denominada política de austeridad.
Sólo para poner en contexto, el presupuesto aprobado para campo Ek Balam en 2022, fue de 828 mdd (Forbes, 2021), es decir, con esto se podría cubrir 64% de las medidas de adaptación necesarias que señala el INECC. Sin embargo, se irán a la producción de petróleo que incrementará el problema climático. Y esta es la tendencia que se espera mantener durante este sexenio. Por ello, urge a México replantear una estratega para la formulación de un Plan Nacional de Descarbonización y Aumento de la Resiliencia, porque los recursos fósiles no son infinitos y sus ecosistemas que mantienen el balance del país tampoco, ¿a que darle la prioridad?.
Por lo pronto, estamos ante la llegada de la primavera, una muy silenciosa, pues no hay sol que logre alumbrar el escenario oscuro que vive México… y el mundo.
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Especialista en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Doctora en política por la Universidad de York. Se desempeña como Gerente de Financiamiento Climático en la Iniciativa de Política Climática (CPI) y es Fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC). Es exdirectora de Política Climática en Semarnat.
Directora general de políticas para el Cambio Climático
