Ante la determinación tomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de no citar a comparecer a servidores públicos servidores públicos para que explicaran la cancelación del programa de estancias infantiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró la necesidad de que cualquier irregularidad o ilícito que se hubiese cometido en la operación del Programa de Estancias Infantiles sea investigado y sancionado.
Esto, dice sin que ello justifique o motive que el Estado Mexicano deje de cumplir con la obligación que tiene de adoptar las medidas necesarias para que los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores, puedan ser vigentes, lo cual en este caso implica el acceso a servicios y cuidados profesionales que difícilmente pueden reemplazarse con la entrega de apoyos económicos.
El Consejo Consultivo de la CNDH expresó su preocupación por la determinación tomada y lamentó que el voto de los grupos parlamentarios mayoritarios haya hecho nugatoria la aplicación efectiva del segundo párrafo, del apartado B, del artículo 102 Constitucional, imposibilitando el ejercicio de un recurso jurídico establecido en favor de las víctimas ante la negativa de las autoridades a resarcir y respetar los derechos que les han sido violentados.
Destaca que la comparecencia de las autoridades ante el Senado habría permitido que, en un ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas, se hubiesen expuesto y debatido públicamente, con base en información concreta y verificable, las razones y fundamentos que tuvieron las autoridades para negarse a aceptar la Recomendación 29/2019, con independencia de sesgos o intereses políticos o ideológicos, permitiendo a las víctimas y a la sociedad conocer de primera mano tales argumentos.
De igual forma, expresó la necesidad de que cualquier irregularidad o ilícito que se hubiese cometido en la operación del Programa de Estancias Infantiles sea investigado y sancionado, sin que ello justifique o motive que el Estado Mexicano deje de cumplir con el acceso a servicios y cuidados profesionales que difícilmente pueden reemplazarse con la entrega de apoyos económicos.
Por ello, hizo un llamado a las y los legisladores federales para que tomando en consideración el interés superior de la niñez, así como la defensa de los derechos de las mujeres y de los trabajadores en general, se propongan las adecuaciones normativas para garantizar la calidad, pertinencia y gratuidad de la atención y cuidados a la primera infancia.
Así como para propiciar que las madres y padres trabajadores, cuenten con opciones reales que les den la oportunidad de continuar con su desarrollo profesional, contando con la certeza de que sus hijas e hijos se encuentran debidamente atendidos mientras trabajan.
Recalca que la Recomendación 29/2019 busca la defensa y vigencia de los derechos humanos, no promueve ningún programa o medida de gobiernos o autoridades pasadas. En este sentido, este Consejo Consultivo lamenta los señalamientos que diversos legisladores hicieron desde la tribuna del Congreso de la Unión cuestionando, sin sustento, el trabajo, profesionalismo y capacidad de la CNDH, así como de quienes integran este Organismo Nacional autónomo.
“Tales aseveraciones, no contribuyen a la consolidación de las instituciones democráticas, ni abonan a la construcción de un auténtico entorno de legalidad y respeto en el país, además de quedar desvirtuadas con la información pública disponible queda constancia del trabajo desarrollado por la CNDH desde hace casi 30 años en beneficio de México y de su sociedad”, refiere.