El asesinato de 14 periodistas en lo que va de 2019 demuestra las “fallas’’ del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que urge una evaluación sobre los protocolos.
En ese sentido, será este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando diputados del PRD presenten un punto de acuerdo para modificar la Ley para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, calificó de urgente realizar una evaluación sobre los protocolos que se siguen, así como los dispositivos para conocer si es necesario lo modificar lo que sea necesario.
Destacó que hay una problemática que enfrenta el periodismo en México, ya que en lo va del 2019, se han registrado 14 homicidios a periodistas superando la cifra de 2018, cuando murieron 10 profesionales de la comunicación durante el mismo periodo.
Lo anterior, dijo la diputada federal, pone de manifiesto los graves riesgos que, en nuestro país, tiene el libre ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la información y a la libre expresión.
Recordó que el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el pasado 2 de agosto en Actopan, Veracruz, contaba con medidas de protección proporcionadas por el Mecanismo.
Juárez Piña señaló que el 25 de marzo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el Mecanismo debía rediseñarse con la finalidad de fortalecerlo y garantizar su funcionamiento; de las 790 personas en el Mecanismo, 63% son personas defensoras de derechos humanos y 37% periodistas.
“Pero hasta el momento no se cuenta con información sobre el avance de las acciones y, sobre todo, lo relacionado con la evaluación conjunta con las personas que reciben algún tipo de protección por parte del Mecanismo’’.
Por los hechos ocurridos en contra de las y los periodistas es urgente contar con el rediseño y fortalecimiento de la política del Estado mexicano para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes defienden los derechos humanos y, de manera particular, quienes ejercen la labor periodística, refrendó.