En el marco de las críticas abiertas que ha hecho el Presidente a diversos periodistas y medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama de violencia que ha convertido a nuestro país en el más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano.
Además, considera necesario impulsar el respeto a la crítica y opiniones diversas y rechazar el discurso amenazante contra comunicadores y medios para coadyuvar a la consolidación democrática del país es necesario, ya que menciona que la evidencia más terrible de ello son los 149 homicidios cometidos contra comunicadores desde el año 2000 y los 21 periodistas desaparecidos desde 2005.
Apunta que ostentar un cargo público implica autocontención, tolerancia a la crítica y responsabilidad absoluta en palabras y acciones, así como que, el servicio público es vocación y no oportunidad para denostar o descalificar a la prensa u opiniones que no coinciden con una postura, ideología o decisión de gobierno.
El organismo nacional enfatizó que hoy más que nunca, debe impulsarse el respeto absoluto a la crítica y a las opiniones diversas, así como evitar, disuadir y rechazar cualquier tipo de discurso amenazante contra comunicadores y medios. La consolidación democrática que requiere nuestro país depende, en buena medida, de alcanzar ese objetivo.
La CNDH señala que, si bien la deliberación y la discusión pública son parte importante de la vida democrática, aunque en ocasiones esos debates y críticas puedan ser vigorosos y hasta incómodos.
“Ello, no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios, sobre todo en circunstancias como las que enfrentamos desde hace años, de alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país”, agrega.
Enfatiza que en los servidores públicos deben imperar la autocontención, tolerancia a la crítica y responsabilidad permanente ante la posición, poder de influencia y jerarquía que sus palabras y acciones tienen al interior de las instituciones en que laboran y en todos los sectores sociales que siguen o son influenciados por los discursos y determinaciones que lleven a cabo quienes tienen un cargo en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Recalca que realizar esas conductas en actos o ámbitos que son documentados y difundidos mediante plataformas digitales, así como por televisión y radio, implica que gran cantidad de sectores sociales y auditorios de muy distintos perfiles puedan replicar ese discurso agresivo y crear un contexto poco favorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomentar las agresiones contra la prensa.
Esto mismo ocurre con los nuevos medios alternativos como las redes sociales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló recientemente que los servidores públicos no dejan de serlo al usar cuentas o perfiles personales, y menos cuando mediante ellos dan a conocer información sobre las actividades propias de su encargo. La CNDH afirma que si bien quienes ostentan un cargo público pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, adquiere connotaciones y características distintas que cuando es ejercida por particulares.