El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que en nuestro país los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%; mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos.
En la presentación del informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que en cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.
Señala que el estudio comprende hasta 2018, los datos que se registran en 2019 confirman estas tendencias, ya que en los poco menos de 5 meses que han transcurrido, se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, cifras que son relevantes, si consideramos que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.
En este sentido, el ombudsman nacional recalca que los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestro país.
Esto, como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima.
Inseguridad e impunidad
Por otra parte, sostiene que los linchamientos no tienen una calificación e identificación oficial que permita clasificar los casos y generar estadísticas oficiales, que permitan el diseño de políticas públicas integrales que privilegien la prevención antes que la reacción, así como la restauración del tejido social de las localidades donde acontecen actos de linchamientos, incluida la atención y resarcimiento de los derechos vulnerados de los linchados, como víctimas.
El informe señala que, en los linchamientos, es posible distinguir tres momentos: antes, durante y después de los hechos, en los cuales inciden el contexto de desarrollo social, cultural, económico y político específicos de la región en donde se presentan.
De esta forma se identifica que previo a los linchamientos, existen factores determinantes que propician una circunstancia de violencia colectiva, como la incompetencia de ofrecer seguridad a la comunidad, la desconfianza, la impunidad, e ineficacia de las autoridades para actuar ante estos hechos.
Durante el desarrollo del linchamiento, los perpetradores actúan bajo el anonimato que les brinda la colectividad, cubren sus rostros conscientes de su conducta y de que no serán identificados. Los espectadores suelen tener una intervención indirecta y pasiva al no evitar estos actos inhumanos.
Señala que evaluación de riesgos es un factor determinante en el rescate de las víctimas. Las corporaciones de seguridad pública al arribar al lugar del evento, miden el nivel de violencia y el número de elementos frente a la población y suelen concluir que no existen las condiciones de diálogo o que son ampliamente superados, sin recurrir previamente a técnicas de disuasión, dispersión y control de masas.
Otro aspecto a resaltar es la inexistencia, y en su caso, falta de homologación de protocolos de prevención y atención en casos de linchamientos, los cuales resultan críticos en la actuación de los cuerpos policiacos ya que en la mayoría de los casos el desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad de la población resulta poco efectivo para atender un caso de linchamiento.
