Militantes de Morena manejan puestos clave de los Servidores de la Nación, grupo encargado de levantar el Censo del Bienestar que concentrará los datos de 24 millones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.
El Sol de México revisó la información del Portal Nómina Transparente y del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde detectó que de los coordinadores regionales, al menos en 25 casos fueron candidatos, legisladores o militantes de Morena.
La estructura de morenistas se extiende a los mandos superiores. Para empezar, están los encargados de los programas desde las mismas Secretarías. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, exdiputada federal por Morena, tiene a su cargo el Programa de Adultos Mayores.
También está Horacio Duarte, quien en su calidad de subsecretario de Empleo, es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el futuro. Duarte fue el representante de Morena ante el INE en el pasado proceso electoral.
Debajo de ellos están los llamados superdelegados, uno por cada entidad federativa. En este grupo de hombres y mujeres hay perfiles de excandidatos morenistas. Delfina Gómez, quien compitió hace dos años en el Estado de México por la gubernatura y Carlos Lomelí Bolaños, que hizo lo propio en Jalisco.
Además de eso, está Jaime Bonilla Valdez, quien sólo fue superdelegado en Baja California un par de meses antes de convertirse en candidato de Morena por esa entidad.
Por ejemplo, Modesta Fuentes Alonso, quien fue diputada federal morenista durante la Legislatura pasada, hoy es coordinadora regional.
Otro caso es el de Mitsuo Janathan Ixcoatl Hernández Delgado, que compitió por una diputación federal por el estado de Jalisco durante las elecciones de 2018 y Martha Elizabeth Luna Crespo, también excandidata en Guanajuato.
María García Monjaras, quien fue coordinadora de Morena en la zona norte de Guanajuato, o Armando García Méndez, quien fue enlace del partido en el Estado de México con el CEN nacional, hoy son coordinadores regionales.
El partido de Morena acaba de ser multado por falta de transparencia. Esta sanción fue ordenada porque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acreditó que el partido no cumplió con publicar toda su documentación en su página de internet.
Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral lo sancionó con 80 mil pesos por esta falta, la cual fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para José Antonio Crespo, académico del CIDE y analista político, que existan personajes relacionados con Morena en el levantamiento del Censo del Bienestar es una señal de que se puede partirizar la entrega de programas sociales.
“Se está partirizando un programa de gobierno, en la medida que no es una instancia que nace del gobierno, sino que hay gente vinculada al partido (Morena) o mezclando del partido con el gobierno, se puede ver la intencionalidad partidista de los programas sociales”, dijo el especialista. Crespo comentó que este panorama le recuerda mucho los tiempos del PRI cuando desde el gobierno se apropiaban de los programas sociales con fines electorales.
Por eso, instancias como el INE deben poner atención sobre el uso del Censo, y también lo tendría que hacer la Fepade, pero tiene un problema esta instancia. “El INE sí podría hacerlo (vigilar el uso del Censo) porque los consejeros no son de Morena, por eso a López Obrador no le gusta el INE, porque son gente que fueron puestos por otros partidos y no están vinculados con Morena. De la Fepade lo dudo, porque el fiscal (José Agustín Ortiz Pinchetti) es gente de Morena, él mismo es militante”, dijo.
A principios de abril, El Sol de México entrevistó a Ariadna Montiel, y en la charla, la funcionaria federal admitió que sí es una operadora política, pero negó que el gobierno vaya a utilizar los programas sociales con fines electorales.
“Tenemos una visión distinta de cómo obtener el poder. Nosotros no vamos a replicar lo que criticamos. Nosotros fuimos víctimas del uso político de los programas sociales. Hemos aprendido a estar en la calle, que es lo que el gobierno quiere. Y lo que se necesita en el gobierno son operadores, no burócratas. Y sí me considero una operadora política”, dijo en esa ocasión la subsecretaria.
Incluso, garantizó que aunque la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnski, le pida los datos, se los negará porque se debe actuar conforme a la ley.
Estos morenistas son los responsables del levantamiento de este Censo que servirá de base para que el Gobierno federal conforme los padrones de beneficiarios de programas como Pensión de Adultos Mayores, Apoyos a Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Crédito a la Palabra para productores del campo, Tandas del Bienestar, entre otros.
Para lograrlo, estas más de 17 mil personas están recorriendo calles y poblados y por medio de una app obtienen la información de la credencial del INE de las personas, es decir, nombre y dirección de más de 24 millones de mexicanos en edad de votar.
De acuerdo a la nómina de los Servidores de la Nación, este grupo está conformado por 17 mil 68 personas, de las cuales 259 son coordinadores regionales y tienen un sueldo neto mensual de 51 mil 087 pesos; hay otras ocho personas que ganan entre 23 mil 014 pesos y 29 mil 207 pesos al mes; los restantes 16 mil 801 servidores perciben un salario neto de ocho mil 173 pesos mensuales.
En total será una nómina anual de mil 901 millones de pesos que se tendrán que ir a la nómina de los Servidores de la Nación, todo este dinero por honorarios.
Desde el mismo anuncio del censo se generó polémica al respecto. Para empezar, su levantamiento comenzó antes incluso de que López Obrador asumiera la Presidencia de la República, esto bajo el argumento de que no se podía perder tiempo. La crítica principal es porque, en lugar de utilizar una institución del Estado mexicano, como podría ser el INEGI, el entonces gobierno en transición optó por utilizar la estructura de su partido, Morena. El censo aún no se concluye. Hasta mediados de mes había un registro de poco más de 20 millones de personas, lo que si se compara con las expectativas del gobierno, aun quedaban al menos cuatro millones de posibles beneficiarios.
La orden del Ejecutivo era tener listos los padrones a principios de marzo para que fuera en ese mes que los recursos de estos programas sociales ya estuvieran dispersándose.
“A los que trabajan en el gobierno, mis compañeros les digo apúrense, hay que trabajar 16 horas diarias...”, les dijo a principios de marzo López Obrador a sus colaboradores por el retraso en el censo.
Al cierre de esta edición, El Sol de México buscó a la líder nacional del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, para pedirle su opinión sobre esta información, pero rechazó la comunicación.
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