Integrantes de Marea Rosa desconocen cuánto cuestan las movilizaciones a las que han convocado desde 2022. En la próxima movilización programada para el 19 de mayo participarán Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, candidatos de Fuerza y Corazón por México, por lo que el INE podrá fiscalizar los gastos, pero hasta el momento no hay datos públicos sobre las marchas previas.
“No lo sé, la verdad”, dijo Amado Avendaño, representante del Frente Cívico Nacional, sobre el costo de las marchas anteriores de la Marea Rosa. Contradictoriamente, agregó que el costo económico de las movilizaciones lo saben “entre todos, entre todas las organizaciones”.
¿Cuántas movilizaciones ha convocado Marea Rosa?
Previamente, Marea Rosa encabezó tres marchas multitudinarias. La primera fue el 13 de noviembre de 2022, bajo el lema: “El INE no se toca”; la segunda fue en febrero de 2023 con la consigna: “Mi voto no se toca”; y el 18 de febrero de este año una última organización presidió una concentración en el Zócalo capitalino con el argumento del voto libre y la democracia.
En ninguna de las tres movilizaciones de la Marea Rosa se informó sobre los costos económicos.
“Cuando lo hacemos nosotros no necesariamente hacemos público lo que ha costado anteriormente porque algunas cosas son aportaciones en especie (...) nosotros ponemos el sonido, alguien pone algo; entre todos, no siempre son equitativos (...) cada uno (aporta) con lo que puede”, comentó Avendaño.
Pero en este caso sí se tendrá que reportar con todo detalles. Amado Avendaño, representante del Frente Cívico Nacional.
¿Por qué Marea Rosa tendría que fiscalizar sus gastos?
En vísperas de una movilización más prevista para el 19 de mayo en Ciudad de México y otras 80 ciudades del país, organizada por el llamado explícito al voto útil por Gálvez Ruiz, Taboada Cortina y demás candidatos del PRI, PAN y PRD, el INE podrá fiscalizar los gastos como en un acto de campaña.
Fernando Belaunzarán, representante de Unidos, adelantó que “obviamente se van tener que presentar facturas” para que el Instituto electoral pueda fiscalizar los gastos.