Médicos especialistas y estudiantes de medicina han emprendido una campaña para terminar con lo que han denominado “cartel de la salud”, ya que denunciaron que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) continúa ejerciendo cobros excesivos por exámenes de certificación, al tiempo de evidenciar que el titular de este consejo, Onofre Muñoz, preside también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).
Ante esto, los galenos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir para terminar con este caso de corrupción que se ha dado durante años.
En meses pasados, El Sol de México publicó información sobre los cobros hasta de 30 mil pesos a los médicos en formación para la certificación en alguna especialidad, situación que se registra desde el 2011, cuando el gobierno de Felipe Calderón se modificó la Ley General de Salud otorgando a Conacem la atribución de calificar las capacidades profesionales de los galenos.
En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), estudiantes y médicos de carreras de pediatría y de oftalmología insistieron en la denuncia que debe ser la Secretaria de Educación Pública (SEP) quién lleve a cabo los procesos de certificación, ya que la Conacem funciona con opacidad y de manera arbitraria y así desmantelar el llamado “cartel de la salud”.
Marcos Fernández, estudiante de pediatra, indicó que en apariencia sólo puede tratarse un tema de salud, pero en realidad se tiene un asunto de 128 millones de pesos en la certificación de 147 mil médicos especialistas.
“La Conacem supervisa, certifica o recertifica el entrenamiento, destrezas de habilidades con cobros de hasta 30 mil pesos, cuando debería de ser la SEP la que nos certifique; además, cuando se termina la carrera tenemos una cédula que avala que somos especialistas, al final de cuentas es un mecanismo ilegal y poco transparente”.
En este mismo sentido, Rubén Flores, médico oftalmólogo, abundó que resulta inadmisible que una asociación civil sea quien certifique o recertifique las habilidades medica “cuando nosotros estamos en constante actualización”.
“Este es un tema que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Ahora para continuar trabajando es necesario recertificarnos cada 5 años. Además es una asociación civil que se dice ser auxiliar del Gobierno y que cobra dinero sin que se sepa el destino de los mismos”.
Ambos estudiantes dejaron claro que se está consolidando el llamado “cartel de la salud” y que es encabezado por Onofre Muñoz, de ahí que “estamos pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para evitar estos cobros y se establezca que sea la SEP la dependencia encargada para certificación o la recertificación”, coincidieron los médicos.
Refirieron también que se debe investigar la relación de Muñoz con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ya que forma parte de consejo, de ahí que Rubén Flores enfatizara que “cuál es el papel de esta persona que, por un lado preside una organización que certifica y por el otro, forma parte de un consejo de arbitraje médico”.
“Es decir, sanciona las malas prácticas o negligencias de los médicos que él mismo certifica. En una mínima revisión de ello se puede asegurar que por lo menos existe un grave conflicto de interés en funciones que desempeña Onofre Muñoz”, subrayó.
Estas demandas se han sumado a los señalamientos del senador por Morena, José Narro Cespedes, que en entrevista con El Sol de México llamó a revisar el papel del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialistas Médicas.
“No puede ser que una asociación civil certifique a los médicos especialistas, si estos estudian en escuelas públicas del Estado, hacen residencia en hospitales públicos y al final los certifica un particular que obtiene millones de pesos al año, sin transparencia”.
Explicó que ese Comité no pertenece a la dirección general de profesiones ni a la Secretaria de Salud, lo que pone en duda la certeza jurídica del ese organismo.
Los jóvenes médicos confiaron que el Presidente López Obrador tome cartas en el asunto y se termine con la corrupción que impera en un supuesto control de certificación que deja de lado al Estado para controlar las especializaciones médicas.
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