La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunció que México viola de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración ilegal.
En un posicionamiento, WOLA y otras organizaciones internacionales, destacaron que la detención debe utilizarse como último recurso y sólo en casos excepcionales.
Asimismo, indicaron que es una obligación internacional de los Estados garantizar un monitoreo periódico e independiente de todos los centros de detención de migrantes, así como adoptar medidas alternativas a la captura y respetar la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes y personas en necesidad de protección internacional.
En ese sentido, condenaron el cierre de espacios para el monitoreo y la defensa de derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional, en particular mediante la decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender temporalmente "el ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de integrantes de Asociaciones Religiosas e Integrantes de Asociaciones de Sociedad Civil", que ante la presión internacional se vieron obligados a reconsiderarlo.
"La medida implementada por el INM no representa una acción aislada, al contrario, se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional", criticaron.
Alertaron que al obstaculizar la labor de las organizaciones de sociedad civil, México deja en total desprotección a ese sector, limita su acceso a la justicia y al debido proceso, y las expone a graves riesgos para su integridad y su vida.
Señalaron, así mismo, que México incumple su obligación de garantizar las condiciones necesarias para que las personas y organizaciones defensoras puedan ejercer su labor sin obstáculos y de manera segura.
Las organizaciones exigieron al INM que no haya restricciones respecto al permiso de acceso y en cuanto a los lugares de monitoreo.
También, que el País se abstenga de continuar implementando una política de contención, detención y deportación de los migrantes y, en cambio, cumpla con sus obligaciones internacionales en la materia y garantice los derechos humanos de las personas en movilidad.
Además, le exigieron que autorice la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteada por las y los comisionados en septiembre para monitorear la situación de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección en la frontera sur y norte del País.
Además de WOLA, el posicionamiento fue firmado por la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Colectivo "Dignidad Sin Fronteras", San Salvador, El Salvador; la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC/USA); Deportados Unidos en la Lucha, México; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Kids In Need of Defense (KIND) y Latin America Working Group (LAWG).
