La noche del pasado lunes un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua, se incendió y dejó como saldo 39 migrantes muertos y 29 heridos quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina de este martes que el fuego se originó luego de que migrantes protestaran prendiendo fuego a colchonetas. Sin embargo, hasta la madrugada de este martes, los peritos continuaban en sus labores de investigación, por lo que aún se desconoce el origen en concreto del siniestro.
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Frente a las constante desatención que viven los migrantes, tanto en la frontera norte como al sur de México, diversas organizaciones de derechos humanos y promigrantes condenaron los hechos y han exigido que se respete la vida de los migrantes y han responsabilizado al Estado por la muerte de los migrantes.
Así lo remarcó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a través de su cuenta de Twitter:
“Las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado era garante de su vida.”
La Red Jesuita con Migrantes llamó a investigar las causas del incendio que llevó a provocó que decenas de migrantes perdieran la vida:
“Urge esclarecer la verdad de lo que ha pasado, especialmente cómo las condiciones de la detención migratoria han influido en este nuevo desastre”, señala el tuit.
El Instituto Guatemalteco de Migración lamentó el incendio que se originó en el albergue de Cd. Juárez y mencionó que hay 28 guatemaltecos entre las víctimas.
La Casa del Migrante en Cd. Juárez también expresó su descontento y lamentó el fallecimiento de 39 personas migrantes.
La deportación de migrantes de ha intensificado en los últimos años desde que Estados Unidos implementó el Título 42, una norma que nació en la pandemia bajo el gobierno de Trump y que nació para detener posibles riesgos a la salud de los estadounidenses, sin embargo, ha sido criticada duramente por organizaciones promigrantes que señalan que dicha medidas impide el derecho al libre tránsito y bajo un discurso de “sanidad” se oculta un dispositivo discriminatorio hacia migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Si bien, el gobierno de nuestro país ha dicho que trabaja para garantizar la seguridad de los migrantes en sus fronteras, también ha tenido que aceptar las presiones por parte de EU y hacer de muro de contención para frenarlos, llegando a desplegar a más de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.
Según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
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Así también, la región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.
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