A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los datos revelados por las indagatorias de medios de comunicación y organizaciones civiles sobre el uso del spyware "Pegasus" indican que los padres de los estudiantes desaparecidos fueron posibles objetivos de intervención durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
Derivado de la investigación “Pegasus Projet” realizada por organizaciones civiles y medios de comunicación, en la que se revela el espionaje mundial con el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, se descubrió que dentro de las 50 mil personas a nivel mundial que fueron vigiladas por 10 gobiernos, no sólo figuran políticos y periodistas, sino una gran cantidad de activistas.
En el caso de México, la lista de 15 mil personas que pudieron ser espiadas durante el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), destaca el caso del espionaje a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes integraron el movimiento social que ocasionó el declive de esta administración priista.
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Entre los activistas cuyos números telefónicos figuran en la lista de objetivos para Pegasus se encuentran Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes secuestrados; Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos; Felipe de la Cruz, familiar de cuatro víctimas de esta tragedia y vocero del movimiento; así como Melitón Ortega, tío de un desaparecido más de este movimiento.
Respecto a espionaje del estado, entre los años 2016 y 2017, Rosales respondió en entrevista para El Sol de México que condena este hecho y considera que la vigilancia que sufrieron sí pudo mermar las acciones que desarrollaban para exigir justicia, por lo demandó que se realice una investigación de este delito.
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“Estas acciones de las que fuimos objeto, creo que provocaron mucho daño en el ámbito organizativo de las madres y padres de familia y, sobre todo, es lamentable también, porque se utilizaron recursos públicos para hacer estas intervenciones ilegales”, expresó.
“Definitivamente el espionaje tuvo un impacto y sí hubo un trastabilleo del movimiento, entonces sí se daño a nuestra lucha por la búsqueda de los desaparecidos”, expresó el abogado.
En este sentido, subrayó que el Estado cometió un ilícito al no utilizar la tecnología al servicio de las víctimas para indagar los casos graves de violaciones de derechos humanos y los delitos de gran impacto y, en cambio, se utilizó para vigilar a la oposición política y a las víctimas de delitos. “Esto amerita que se abra una investigación para que esas personas sean sancionadas”, puntualizó.
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Mencionó que, a siete años de la desaparición de los normalistas —el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero—, el caso sigue y las búsquedas continúan en los municipios de Cocula, Eduardo Neri y la cabecera municipal Zumpango, y adelantó que este próximo 28 de julio tienen pendiente una reunión con la Comisión para la Verdad y la Justicia, donde esperan tener respuestas del avance en este caso que conmocionó al país.
Destacó que en estos momentos hay 11 restos óseos relacionados con la desaparición de los jóvenes, pendientes de análisis genético para su identificación en la Universidad de Innsbruck, Austria, y que tras la reunión del 28 de julio tendrán más información de este caso.
Por su parte, el ex vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, dijo a este rotativo que derivado de la importancia que cobró el movimiento de búsqueda de los jóvenes normalistas, por lógica el gobierno necesitaba saber cuáles eran sus debilidades, lo cual condena, pues evidentemente los estuvieron presionando a lo largo del tiempo.
“Yo recuerdo que en ese tiempo empezaron las amenazas; pero nosotros, con todos los riesgos que corríamos, decidimos seguir adelante. Sabíamos que no éramos los únicos, los compañeros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro estaban en la lista del espionaje”, indicó.
Subrayó que para los padres de los normalistas tiene mucha responsabilidad el gobierno del ex presidente Peña Nieto en la desaparición de los jóvenes normalistas, “lo señalamos con toda la seguridad del mundo, porque las investigaciones así lo han demostrado”.
En cuanto a las acciones de vigilancia del Gobierno, dijo, “el espionaje de esta empresa de Pegasus, pues ese era el papel que tenía: recabar toda la información de cada uno de nosotros, de quienes el Gobierno veía un riesgo”.
Resalta que el espionaje “sigue haciendo daño, porque no hay nada resuelto. A través del espionaje sabían todo lo que íbamos a hacer y evitaban cualquier actividad que pudieran ponerlos en descubierto”, puntualizó.
De la Cruz concuerda con el abogado Rosales en que la intervención de los teléfonos fue un delito y exigió que se castigue a los responsables, pues subrayó que el daño hecho es algo patente y los restos de algunos de ellos, dijo, están apareciendo de la peor manera, por lo cual reiteró que “el Gobierno de Peña Nieto tiene gran responsabilidad”.
También responsabilizó de estas acciones a Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario que actualmente está refugiado en Israel y quien durante el gobierno de Peña Nieto se encargó de las investigaciones del Caso Iguala, siendo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y, además, responsable de contratar los servicios del software espía Pegasus a los israelíes de NSO Group.
De la Cruz recordó que cuando aún fungía como vocero del movimiento exigió la detención y extradición de Zerón, “porque él es uno de los principales actores de los crímenes cometidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Como jefe del AIC y jefe de la `verdad histórica´, distrajo las investigaciones; ahí recae su responsabilidad material”, criticó.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador actualmente mantiene acusaciones en contra de Zerón de Lucio, por los delitos de malversación de fondos, secuestro, tortura y haber manipulado evidencia en las indagatorias del caso Iguala, expediente del cual se hizo cargo y entregó la llamada “verdad histórica”, que presentó el entonces procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam.
Zerón en 2019, con el cambio de régimen, se trasladó a Canadá y posteriormente a Israel, mientras asegura que se le persigue por cuestiones políticas y no legales; en tanto, el gobierno de México ha solicitado la extradición del ex funcionario. Sin embargo, la solicitud ha sido rechazada. El embajador de Israel en México, Zvi Tal, niega que se esté protegiendo a Zerón y aseguró que ambos gobiernos están tratando el tema.
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No obstante, el diario norteamericano The New York Times publicó que la negativa para devolver a Zerón, es por un “toma y daca diplomático en contra de México, que ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos”.
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