Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña que murió en manos de policías de Tulum, Quintana Roo, tenía residencia permanente en el país tras obtener una visa por razones humanitarias, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
"El INM lamenta el homicidio de la mujer migrante originaria de El Salvador, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, ocurrido en Tulum, Quintana Roo", indicó el organismo en un boletín.
Y añadió que "de acuerdo con el registro de la autoridad migratoria, se autorizó su estancia en territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias" el 6 marzo de 2018, cuando le dieron condición de "refugiado".
"El Instituto Nacional de Migración estará en contacto con autoridades correspondientes para, en caso de ser requerido, apoyar en todos los procedimientos en su área de competencia", indicó el ente migratorio.
En plena ola migratoria en la región, el INM refrendó en este boletín su compromiso por el "respeto irrestricto a los derechos humanos de la personas migrantes", independientemente de su origen, condición migratoria, social o económica.
Las autoridades mexicanas procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de una mujer salvadoreña esposada que perdió la vida en Tulum.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, indicó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba "una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida" el sábado en la tarde.
El suceso en Tulum ocurrió la tarde del sábado cuando la Policía la confrontó por supuesta alteración del orden público.
En las imágenes se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha pedido que se castigue a los responsables y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo sentir "vergüenza" por el actuar de la policía y aseguró que se hará justicia.
Mientras que tanto ONU Mujeres como Amnistía Internacional han condenado también el suceso.
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