El comisionado del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico (MEH), Carlos Pérez Ricart, reclamó la falta de voluntad política del Presidente para abrir los archivos militares y de agencias de seguridad durante la investigación de violaciones graves a los derechos humanos en la Guerra Sucia, entre 1965 y 1990, así como en periodos posteriores.
En entrevista con El Sol de México, Pérez Ricart comentó que “falta mucho por hacer en tareas de esclarecimiento, de búsqueda, de justicia y somos conscientes de que falta muchísimo trabajo por hacer”.
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“Creemos que es necesario crear nuevas comisiones de la verdad que estudien eventos que nosotros mencionamos en el periodo de 1965 a 1990. Y consideramos también que después de 1990 sería necesario crear instrumentos extraordinarios, como este, para el predio posterior”, precisó.
Carlos Pérez Ricart es uno de los cuatro comisionados que integran el MEH. Junto a Abel Barrera Hernández y David Fernández Dávalos, presentó el viernes pasado el informe final del Mecanismo titulado Fue el Estado, en la Ciudad de México. En la presentación los tres coincidieron en que durante la investigación hubo obstáculos y falta de apoyo del mismo gobierno que creó la Comisión de la Verdad.
El trabajo del MEH comenzó en octubre de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto mediante el cual creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico es uno de los cinco mecanismos que conforman dicha comisión.
La tarea encomendada al MEH fue esclarecer la violencia política y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, a fin de reivindicar la dignidad de las víctimas y contribuir a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición.
Debido a que el MEH se creó mediante un decreto presidencial, sus funciones concluyen el próximo 30 de septiembre, día en que López Obrador cierra su mandato. El comisionado Pérez Ricart detalló que hasta el momento no han tenido acercamiento con Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, por lo que desconocen si habrá continuidad en la tarea de investigación, esclarecimiento y justicia.
No obstante, resaltó que hace falta voluntad política para abrir la totalidad de archivos, como los acervos del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para profundizar en el esclarecimiento de la Guerra Sucia, y la violencia perpetrada por el Estado.
“Hay en el informe toda la evidencia, todo el trabajo que nosotros hicimos para que se abrieran archivos muy importantes: el archivo militar es uno de ellos, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, el archivo del Estado Mayor Presidencial, y no se abrieron, no contamos con el respaldo y la voluntad política para que se abrieran”, detalló.
“Pudimos trabajar relativamente bien, pero nos hubiera gustado un compromiso mayor por parte del Presidente para que realmente hubiera acceso completo a los archivos del Ejército y de las agencias”, consideró.
“Nuestros investigadores fueron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, es decir, no tuvieron la libertad de viajar, la libertad de poder hacer investigación de campo como hubiéramos querido. Trabajaron bajo condiciones precarias, con contratos de tres y seis meses, sin estabilidad laboral, a muchos de ellos se les quedó a deber incluso parte de su salario”, señaló como otro de los obstáculos enfrentados durante la investigación.
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El informe, presentado el viernes, se llevó a cabo sin la participación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación; “si no han ido a la presentación es porque no están en la tarea de hacerlo. O no lo sé, habrá que preguntárselo a ellos (...) Ellos ahora tendrán que asumirlo o no y tomarán sus decisiones”, detalló el comisionado.
Fue el Estado revela que durante la Guerra Sucia, al menos ocho mil 594 personas fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos por parte del Estado mexicano.
Los periodistas son uno de los once grupos de víctimas identificados por el Mecanismo en su informe. Los otros diez son: comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas que defendieron su territorio; poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; personas marginalizadas y criminalizadas; integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales; disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares; disidencias sexo genéricas; disidencias religiosas; y personas refugiadas guatemaltecas.
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Por su parte, los principales perpetradores de las violaciones graves a los derechos humanos fueron instituciones formales como “el Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Presidencial, así como el poder judicial, el sistema penitenciario, las agencias estatales de inteligencia, las fuerzas policiales y los grupos especiales”.
Eugenia Allier Montaño, la cuarta comisionada del MEH, presentará en las siguientes semanas su informe sobre los resultados de su investigación.
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