El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas Rodríguez, defendió este viernes el nuevo informe del Caso Iguala y subrayó que para realizar esta investigación no se torturó a nadie.

Encinas Rodríguez negó que la nueva versión del informe Ayotzinapa sea idéntica a “La Verdad Histórica” que presentó hace 7 años el gobierno.

“Hay una diferencia sustancial y de fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas y en la fabricación de pruebas y en la manipulación de la escena del crimen, nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, subrayó el funcionario, al participar en la conferencia de prensa del Ejecutivo federal.

El también titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa hizo una relación de hechos que no coinciden con La Verdad Historia y añadió que su informe se sustenta en fuentes de 15 instituciones y testimonios y colaboración de 115 personas que estuvieron involucradas en los hechos.

Asimismo, señaló que para la investigación se depuró 87 millones de registros telefónicos, los cuales fueron puestos en un mapeo de 116 números telefónicos e información de 41 mil 168 documentos aportados por la administración pública federal, órganos autónomos e, incluso, intervenciones telefónicas de la DEA.

Encinas destacó que para realizar el Informe de Ayotzinapa se analizaron 50 videos sobre las torturas de las que fueron objeto las personas detenidas por parte de funcionarios públicos, así como 467 capturas de pantallas de 5 números telefónicos, lo que permitió ubicar 37 conversaciones entre distintos actores y 36 actores más relacionadas con las mismas.

De acuerdo el análisis de los mensajes, el funcionario señala que existió un vínculo de los sicarios con policías municipales, autoridades civiles, población civil, elementos del 27 Batallón de Infantería en el estado de Guerrero.

Encinas mencionó que la desaparición de los normalistas se definió como "crimen de Estado" porque no solamente se trata la desaparición y pérdida de vida de los estudiantes, sino también por la negativa, ocultamiento y manipulación por parte de autoridades.

Sin embargo, dejó en claro que es falso que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron llevados a la comandancia de policía de Iguala, y subrayó que “nunca estuvieron juntos” ni entregados por la policía en Lomas de Coyotes al grupo delincuenciales Guerreros Unidos.

Asimismo, mencionó que el informe fue presentado primero a los padres de los normalistas desaparecidos, y subrayó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está detenido solamente por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona.