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Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha interpuesto cuatro recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar a toda costa transparentar información sobre tres asuntos: el contrato de la vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19, los archivos del Cisen sobre las últimas tres elecciones presidenciales y la relación de individuos eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las dependencia responsables de esos archivos reservaron la información, lo que llevó a los ciudadanos inconformes con las respuestas a interponer recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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El órgano garante resolvió a favor de los ciudadanos, pero la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió recursos legales ante la Corte para echar abajo esas resoluciones invocando a la seguridad nacional, se lee en la respuesta de la dependencia a una solicitud de transparencia en poder de El Sol de México.
La primera decisión que la unidad encabezada por Julio Scherer Ibarra impugnó fue la revelación de expedientes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Dos días antes de que iniciara el sexenio, un ciudadano solicitó copia de los informes, reportes, tarjetas informativas, documentos monográficos y semanales que el Cisen generó en torno al desafuero de López Obrador en 2005, el conflicto postelectoral de 2006, la elección de 2012, el movimiento #YoSoy132 y los comicios federales de 2018. La solicitud quedó registrada con el folio 0410000028218.
Ya bajo la nueva administración, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que sustituyó al Cisen, respondió que contaba con cinco documentos relativos al desafuero, 14 sobre los comicios de 2012 y uno más de las elecciones de 2018.
Los archivos, sin embargo, se reservaron por cinco años argumentando que su difusión comprometía el trabajo de las agencias de inteligencia y la seguridad nacional. Sobre el conflicto poselectoral de 2006 y el movimiento #YoSoy132, el CNI declaró que no tenía información.
El Inai analizó la respuesta del CNI mediante el recurso de revisión RRA 1489/19 y resolvió que no resultaba procedente la reserva. El órgano garante no encontró evidencia de que la información contenida en los documentos comprometiera el trabajo de inteligencia del Gobierno ni que pusiera en riesgo la seguridad nacional. La resolución fue impugnada por la oficina de Scherer Ibarra ante la Suprema Corte.
Desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador prometió que se harían públicos todos los expedientes del Cisen. La primera vez que lo dijo fue en su conferencia de prensa del 19 de enero de 2019.
—Su expediente del Cisen, ¿ya lo pudo leer, ya lo tuvo entre sus manos?, le cuestionó un reportero.
—No, pero adelanto algo: se van a abrir los archivos secretos.
—¿Incluido su expediente?
—Todos. No va a haber limitación.
—¿Cuándo?
—Estoy por firmar el decreto.
Mes y medio después, en la conferencia del 1 de marzo, el entonces subsecretario de Gobierno, Zoé Robledo, indicó que todas las instituciones tenían que entregar al Archivo General de la Nación su información de 1985 a la fecha que tuviera que ver con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción, “y abrir finalmente estos documentos por un interés público superior”.
La última vez que el Presidente habló sobre el tema fue el pasado 23 de julio, hace menos de dos semanas. “Ya se dio instrucciones de que se transparente todo el archivo y voy a estar pendiente. Ya se había dado la instrucción. Ya hay acceso a todos los archivos… Yo pienso que archivo político que tiene que ver con oposición, con persecución, con actos de violación de
derechos humanos por parte del Estado, debe de transparentarse por completo”.
Mientras este discurso de transparencia tiene lugar en Palacio Nacional, la oficina jurídica del primer mandatario mantiene un recurso legal contra el Inai en la Suprema Corte para evitar la apertura de parte de esos documentos.
NO DAN NI VERSIONES PÚBLICAS
El 15 de junio de 2020, una investigación periodística del sitio digital Aristegui Noticias reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló al menos 722 cuentas bancarias a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros grupos del narco por más de mil 100 millones de pesos, todo en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El mismo día, un ciudadano ingresó la solicitud 0000600206320 requiriendo a la Secretaría de Hacienda copia de los acuerdos tomados por la UIF para eliminar individuos de su Lista de Personas Bloqueadas entre los años 2012 y 2020.
En respuesta, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que estaba imposibilitado para entregar los documentos porque su difusión podría afectar el honor de las personas enlistadas.
El ciudadano se inconformó con la respuesta e interpuso el recurso de revisión RRA 6843/20 ante el Inai. El órgano garante coincidió con la UIF en que divulgar quiénes son las personas físicas o morales que estuvieron en el Listado de Personas Bloqueadas, y luego salieron, podría afectar la percepción que los demás tienen sobre éstas.
Aunque reconoció que la dependencia no puede brindar información confidencial, acotó que sí debía entregar versiones públicas de los documentos, testando la información sensible, pero dejando visible la de carácter público, en cumplimiento al artículo 108 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para evitar que la UIF acatara la resolución y entregara las versiones públicas, la Consejería Jurídica de la Presidencia se volvió a inconformar ante la Corte.
Aunque en el discurso la Cuatroté presume transparencia, los hechos indican otra cosa. El 17 de septiembre de 2020, este medio dio a conocer que las respuestas de inexistencia de información por parte de la Presidencia de la República, en los primeros 12 meses de la administración lopezobradorista, crecieron 317 por ciento con respecto al mismo periodo de la gestión peñista y 441 por ciento en relación con el primer año del calderonismo.
Más recientemente, el 3 de julio pasado, otro texto reveló que en lo que va de la actual administración crecieron 221 por ciento las quejas de ciudadanos inconformes con las respuestas que ha dado la Presidencia a sus peticiones de información, en comparación con los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
VACUNA RUSA ES UN ENIGMA
“No vamos a reservar nada, es transparencia total”, respondió López Obrador a una reportera que le cuestionó sobre la reserva de los contratos firmados por el Gobierno federal para comprar vacunas contra Covid-19.
En esa misma conferencia, del 12 de enero de 2021, el canciller Marcelo Ebrard contradijo a su jefe al explicar que sí existen reservas de información sobre los contratos por motivos de confidencialidad, acordados con las empresas que desarrollan el antígeno. “Sí tenemos restricciones de información que son contractuales, señor Presidente”, reviró.
El día previo, un ciudadano ya se había adelantado a pedir a la Secretaría de Salud (SSa) las versiones públicas de los contratos con las farmacéuticas encargadas de vender las dosis anticovid a México. A los ocho días otra persona hizo una petición similar.
En respuesta a ambas solicitudes, con folios 0001200014521 y 0001200041321, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer reservó los convenios de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sputnik V por cinco años.
En sus argumentos, la SSa expuso que la Campaña Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 se consideraba un asunto estratégico de seguridad nacional, además de que no podía revelar los secretos comerciales e industriales de las farmacéuticas y las cláusulas de confidencialidad de los convenios.
Los ciudadanos se inconformaron e interpusieron ante el Inai los recursos de revisión RRA 2710/21 y RRA 3310/21.
Mientras el órgano autónomo analizaba los casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subió a su portal de transparencia versiones públicas de los contratos de Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sinovac y el mecanismo Covax, misma liga que la SSa compartió al Inai y a los ciudadanos inconformes.
Sin embargo, el convenio que firmó México para comprar 24 millones de la vacuna rusa Sputnik V no estaba. De hecho, no aparece hasta la publicación de este texto.
En ambos casos, el Inai determinó no dar validez a la reserva invocada por motivos de seguridad nacional y ordenó al Comité de Transparencia de la SSa entregar la versión pública del contrato para adquirir la vacuna Sputnik V, el único que faltaba por transparentar.
La Consejería Jurídica volvió a apelar las resoluciones ante el máximo tribunal del país y la apertura del contrato de la vacuna rusa quedó en vilo.
Hasta donde se dispone de información pública, Sputnik V tiene una eficacia cercana a 92 por ciento contra Covid-19, según reveló la respetada revista científica The Lancet. Sin embargo, su distribución a países de América Latina no ha estado exenta de escándalos.
En febrero pasado, la población de Argentina se indignó tras conocer que al menos 70 funcionarios de ese país se habían vacunado de forma privilegiada con las dosis rusas, incluyendo el presidente Alberto Fernández, antes que médicos, maestros, adultos mayores y pacientes de riesgo. La prensa argentina bautizó el escándalo como “vacunación VIP”.
Apenas el 28 de julio, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció la cancelación de la compra de ocho millones de dosis a Rusia por incumplimiento en la entrega.
Desde mayo, la Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala investigaba posibles ilegalidades dentro del contrato que el Ministerio de Salud de ese país firmó con la compañía rusa Human Vaccine para la compra de 16 millones de dosis de Sputnik V.
Las autoridades de Salud guatemaltecas se niegan a entregar a la Fiscalía una copia del contrato escudándose en un supuesto convenio de confidencialidad, que tampoco se ha hecho público. El 2 de julio, la Contraloría General de Cuentas de ese país interpuso una denuncia penal en contra de la ministra de Salud, Amelia Flores, por este motivo.
Y en Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) rechazó la importación de la vacuna rusa por fallos de seguridad relacionados con el desarrollo del biológico. Los desarrolladores rusos del fármaco anunciaron que interpondrían una demanda por difamación contra el regulador brasileño, acusándolo de difundir información falsa.
En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia de esta vacuna desde febrero. A principios de mes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el Gobierno ya había firmado el contrato para su adquisición.
Sobre el registro sanitario, el funcionario indicó que, al no tener un domicilio en México, la empresa Human Vaccine, que tiene los derechos de propiedad de Sputnik V, firmó un convenio de representación con Birmex para que ésta fuera la que solicitara la autorización a la Cofepris. Hasta el 28 de julio, habían llegado 4.4 millones de vacunas Sputnik V a México.
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