Luego de una investigación de un grupo interdisciplinario acompañado por ONU Mujeres y la organización Equis Justicia Para Las Mujeres A.C., se concluyó que para ayudar en la prevención, castigo y erradicación de la violencia sexual en México deben hacerse cambios en los códigos penales locales y federal.

Berenice Fuentes, consultora en Equis, explicó que la normativa penal que investiga y castiga los crímenes sexuales debería ser heterogénea y objetiva, cosa que no sucede en México pues los códigos penales locales establecen diferentes conceptos para delitos como el acoso o la violación, sujetos a la interpretación del que juzga.

Además, en México se "genitaliza" la violencia sexual, que quiere decir que para considerarse un delito, la víctima debió haber sido violentada en alguna parte genital.

Un efecto adverso de esto es que recae sobre la víctima la carga probatoria del delito.

Otro carencia del marco mexicano es la monetización de las penas por estos crímenes –explicó–, ya que el pago de dinero no corrige la conducta del culpable.

Como medidas punitivas, el grupo ha propuesto establecer desde cursos de reeducación, llamamientos de atención, hasta la cárcel.

Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, refirió: "lo que está pasando es un ventana de oportunidad porque ha salido a la luz lo que estaba en la sombra, (...) la principal responsabilidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es el Estado y tiene que garantizar el acceso a la justicia".