La organización civil Impunidad Cero, presentará a las bancadas del Congreso de la Unión que se conformen en la próxima Legislatura, que inicia funciones el 1 de septiembre, un proyecto de ley que incorpore al marco legal mexicano la figura de los “delatores de la corrupción”.
El organismo ciudadano destacó que esta propuesta contempla que los ciudadanos que denuncien estos actos de corrupción puedan recibir recompensas por su colaboración con las autoridades competentes.
Impunidad Cero señaló que esta figura legal, que en el derecho anglosajón se le conoce como qui tam, “es ampliamente utilizada en países como Estados Unidos, y ha demostrado ser una herramienta útil para descubrir fraudes, recuperar recursos públicos y perseguir actos de corrupción”.
Los responsables de este proyecto de ley, los investigadores Dante Preisser Rentería y Gastón Alberto Hinojosa García, así como la directora ejecutiva de Impunidad Cero, Catalina Kühne Peimbert, indican en la iniciativa que la adopción de estos mecanismos delatores en México contribuiría a “disuadir la comisión de delitos, al crear un ambiente de cero impunidad para quienes pretendan cometer actos de corrupción, al saber que pueden ser denunciados y sancionados”.
- Puede interesarte: En México, casi 4 millones de menores están en situación de trabajo infantil
También ayudaría a “fomentar la cultura de la denuncia, ya que se incentiva a los ciudadanos a reportar actos de corrupción, generando un mayor escrutinio sobre las acciones de funcionarios y empresas”, así como a “recuperar recursos públicos desviados, ya que se facilita la identificación de dichos recursos que han sido objeto de corrupción”.
“La corrupción requiere de un abuso del poder público para beneficio personal, en un entorno de opacidad e impunidad. Romper el ciclo de impunidad, exacerbado por la desconfianza en las instituciones y la consiguiente falta de denuncias, es fundamental, así que el qui tam propone una solución, al fomentar denuncias seguras y efectivas que empoderen tanto a las instituciones del Estado, como a la ciudadanía que delata esos actos para llevar a las personas corruptas ante la justicia”, expone el proyecto.
