Un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil urgió a las autoridades federales y estatales del país acabar con la tortura y los malos tratos hacia las personas detenidas y presas en México.
Este posicionamiento se da a raíz de la presentación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en donde se dio a conocer que más del 48 por ciento de las personas privadas de su libertad declararon haber sufrido tortura en algún momento del proceso.
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“En el momento de la detención el 85.5 por ciento de la población privada de la libertad sufrió de algún uso de la fuerza por parte de las autoridades; el 48 por ciento sufrió algún tipo de agresión física después de la detención hasta llegar al Ministerio Público (MP)”, añadieron en un comunicado.
Frente a estos resultados las organizaciones, entre las que se encuentran México Unido Contra la Delincuencia, Documenta e Intersecta propusieron el diseño y la implementación de una estrategia para erradicar la tortura y los malos tratos en los procesos de detención realizados por el MP y las autoridades al interior de las prisiones.
“Si el presidente recientemente mencionó que saldrían de prisión las personas torturadas, ¿Ello significa que el poder ejecutivo está dispuesto a establecer una ruta de salida para la mitad de la población que ha sido torturada?”, cuestionaron.
El pasado 7 de diciembre El Sol de México dio a conocer que aparte de las agresiones físicas, las prisiones en México están controladas por reclusos, quienes han tomado las riendas de la seguridad y el funcionamiento de los penales. Además, las autoridades también ejercen algún tipo de corrupción contra los presos, según lo documentó el Inegi.
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Al respecto las organizaciones aseguraron que los datos presentados en su conjunto “nos muestran que lejos de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad e implementar acciones enfocadas a su reinserción social, las autoridades responsables de cada uno de los eslabones del sistema de justicia perpetran algún tipo de agresión”.
Por ello, consideraron también fundamental la creación de una verdadera estrategia integral de reinserción social para las personas privadas de la libertad, que incluya el diseño y la implementación de una política pública de reinserción social post penal con programas integrales con perspectiva de género e interseccionales, de manera que contemple también las necesidades específicas de la población indígena, LGTBIQ+ y migrantes.
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