La organización no gubernamental “R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales” emprendió una campaña para exigir al Instituto Federal de Telecomunicaciones que no apruebe el proyecto en el que se habla sobre gestión de tráfico en internet, y con el que se favorecería a los intereses comerciales de las empresas de telecomunicaciones que proveen del servicio, al permitir que aplicaciones y servicios en internet les paguen para priorizar su tráfico.
La organización señala que de hacerlo, la pluralidad y democracia del internet estaría en riesgo y el IFT abriría la puerta a la censura gubernamental, al contemplar facultades para que autoridades soliciten bloqueos en Internet.
Por lo anterior, emprendieron una campaña desde esta semana y hasta el 6 de marzo de 2020, para defender la neutralidad de la red y recabar firmas con las que le piden al Instituto detener este proyecto.
En entrevista para El Sol de México, Luis Fernando García, director ejecutivo de la R3D, detalló que su organización ha estado buscando que se modifique el proyecto del IFT, e incluso presentó una demanda de amparo exigiendo al instituto que emita los lineamientos para proteger la neutralidad de la red, como lo manda la Ley de Telecomunicaciones.
Asimismo, señaló que les preocupa mucho los lineamientos que ha publicado el Instituto y en particular la situación que se abre con esta eventual modificación, que es la censura en internet. Pues se podría abrir la puerta para que los proveedores de internet, como AT&T, Telmex o Izzi por mencionar unos ejemplos, pudieran bloquear aplicaciones o servicios en situaciones de seguridad nacional.
Otro aspecto preocupante, advierte, es que se podría infligir la neutralidad de la red, ya que con el proyecto los proveedores dejarían de tratar igual a las aplicaciones o sitios.
“Cuando yo compro internet, yo decido qué hago con él, yo decido si voy a ver Netflix, Bling o Amazon o Claro Video, Youtube o jugar un videojuego y, el proveedor de internet, no debe privilegiar o perjudicar el tráfico de internet, sin embargo el proyecto contempla figuras con las que se autoriza a los proveedores a que lleguen a acuerdos comerciales con algunas aplicaciones”, explica el también especialista en derechos humanos y tecnología.
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