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El pasado 7 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de artículos de diversas leyes del estado de Yucatán que establecen como requisito no ser deudor alimentario para ser funcionario público.
El asunto ha levantado ámpula entre colectivos feministas, los cuales acusan a la CNDH y a su titular Rosario Piedra Ibarra por presuntamente “defender a deudores morosos”.
El razonamiento de la CNDH para meterse en esta bronca es que -según ésta- resulta discriminatorio para los aspirantes a cargos públicos el rechazarlos por cuestiones distintas a sus méritos profesionales. Asimismo, se termina lesionando el interés de los acreedores (los hijos) al condenar a la insolvencia y el desempleo a los deudores (los padres).
Según la CNDH, las disposiciones en Yucatán son lesivas, estigmatizantes y ponen en riesgo derechos fundamentales y laborales.
Aunque entendible y debatible, la iniciativa de la CNDH carece de sensibilidad ante el contexto actual y causa mayores problemas de los que resuelve.
Para empezar existen disposiciones como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que inhabilitan para ejercer estos cargos a quienes incurran en faltas graves como abuso de funciones, enriquecimiento ilícito u obstrucción de la justicia.
El razonamiento de la CNDH sobre que las disposiciones en Yucatán violan el derecho al trabajo bien podrían aplicarse a los casos arriba mencionados como el de Emilio Lozoya, quien no puede trabajar en el sector público por los próximos diez años.
Pero más importante es que la materia en cuestión cala hondo en un país donde la violencia familiar y, específicamente, la violación de las responsabilidades económicas son pan de cada día, por lo que la reacción de grupos de mujeres organizadas es perfectamente entendible.
Durante el presente sexenio todos los delitos de género han venido al alza. Asimismo el incumplimiento de pensiones alimenticias está considerado dentro del código penal como un crimen en México y su incidencia en el último año muestra un repunte.
Eso sin contar todos los casos que no llegan a tribunales por lo engorroso que resulta para la mayoría de madres mexicanas pelear con el padre de sus hijos por unos miles de pesos al mes. Todos conocemos a una a la que el exmarido le debe una lana.
Además, la iniciativa de la CNDH cobija a un muy particular tipo de funcionario: a titulares de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad; aspirantes, candidatos independientes y titulares de las dependencias o entidades que integran la Administración Pública local.
Se puede inferir con razón que los hombres que buscan estos cargos de poder e influencia no provienen precisamente de un contexto de indefensión económica. Estamos hablando de perfiles acostumbrados a cobrar en decenas de miles de pesos al mes, no de policías y oficinistas que apenas llegan a la quincena.
Repito, una bronca innecesaria e insensible para la gestión de Rosario Piedra, quien llegó al cargo en medio de su polémica designación y reclamos de fraude.
Su inacción frente asuntos más inmediatos (desaparecidos, periodistas asesinados, Guardia Nacional y un largo etcétera) y su cercanía con el presidente López Obrador, de quien debería ser crítica, tienen a la CNDH cuando menos mal parada en el ánimo de defensores de derechos humanos.
En el país de los feminicidios y la cifra negra no se necesitaba ninguna garantía adicional para quienes han violentado a mujeres y a sus hijos, mucho menos cuando estos son funcionarios públicos que deberían responder a los principios de legalidad y ética.
Esta no es una batalla que la CNDH tenga que estar peleando.
