Este gobierno, el de la 4T, el hipercentralista, el que nunca se equivoca, el siempre honesto, el de la aplanadora electoral y de la mayoría legislativa, ahora tendrá acceso a los datos biométricos de los mexicanos.
Como informó esta casa editorial, tras la aprobación a la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiocomunicación los usuarios de telefonía celular deberán aportar, además de los datos de identidad más personales, sus huellas dactilares y el iris de los ojos, para así formar un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que estará a cargo del IFT.
Como bien cabeceó El Sol de México dichas informaciones, "si no das tus datos personales y biométricos, te cancelarán servicio del celular".
Era cuestión de tiempo para la formación de un registro nacional de datos biométricos.
Desde hace años el sector financiero ha ido empujando a los biométricos y su recolección como mecanismo de seguridad, mientras que el SAT toma este tipo de datos al registrar a los contribuyentes.
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Al mismo tiempo, un creciente número de naciones ha construido bases nacionales de datos biométricos como respuesta a necesidades de seguridad, comprobación de identidad y hacienda, siendo Estonia uno de los ejemplos más exitosos.
El uso de biométricos es una parada más en la progresiva e inevitable digitalización de la vida cotidiana.
La captura de estos datos hace posible tecnologías disruptivas y de amplios beneficios como el uso seguro de servicios financieros digitales, la compra en tiendas sin cajeros como las de Amazon en California, el reconocimiento facial en cámaras para la seguridad pública, o el monitoreo de la salud a través de dispositivos móviles.
Es así que no sorprende esta reducción de la privacidad de los ciudadanos. Es la moneda que debemos de pagar por vivir en este mundo hiperconectado.
Aquí el problema es que los legisladores mexicanos, y en especial los de Morena, tienen el mal hábito de querer legislar sobre materias tecnológicas cuyos alcances no comprenden del todo.
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Las legislaciones que se han montado o querido montar a los modelos de negocio de empresas como Airbnb, Uber, Twitter, Facebook, bicicletas sin anclaje o los monopatines son ejemplos de ello.
En una primera instancia está el uso autoritario y violatorio de la privacidad que pudiese hacer el gobierno de estos datos centralizados.
Es de destacar que al momento no se tiene evidencia de este escenario, aunque los temores están bien argumentados. El Covid-19 ha sido particularmente revelador de cómo los gobiernos están dispuestos a reducir las libertades individuales.
Segundo, en México el acceso a Internet es un derecho constitucional desde 2013, el cual claramente está siendo violado si se considera que para una mayoría de mexicanos su principal punto de entrada son los teléfonos celulares.
Y tercero, preocupan particularmente las nulas garantías que hasta el momento se han dado para que toda la información biométrica vaya a estar segura.
Falta ver cómo queda la reglamentación para la conformación de la base nacional de datos biométricos, para lo cual el IFT tiene 180 días para armar.
Sin embargo, ésta debe pasar forzosamente por reconocer los gravísimos riesgos que supone la actividad del hackeo en México (el tercer país más hackeado del mundo, según Kaspersky) e implementa tecnologías de vanguardia como el blockchain para asegurar que la información biométrica esté segura.
Por ejemplo, apenas en julio la agencia de noticias china Xinhua informó que hackers estaban vendiendo datos de reconocimiento facial por apenas 8 centavos de dólar por rostro.
Si el Big Brother chino no puede detener fugas de información de este calibre resulta ominoso pensar las pifias de las que es capaz El Gran Carnal de aquí.
Los morenistas nos acaban de poner a todos en el filo de la navaja.
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