El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, no se equivocó en la necesidad de conocer los alcances de la profunda desigualdad entre ricos y pobres que prevalece en México. En lo que sí erró el paso fue en las formas.
En el comunicado de prensa que emitió el pasado 17 de mayo desarrolló someramente cinco propuestas que, en su opinión, pueden ayudar al país a sortear los retos que el Covid-19 va a dejar. No los nombra pero sí los invoca: la pobreza, la reducción del ingreso y los costos financieros que conllevarán para el Estado mexicano.
Marcadamente, propuso que el Inegi tuviera la capacidad de medir a fondo y de manera desagregada la concentración de la riqueza. Para hacerlo tendría que utilizar la información hacendaria y tributaria del Decil X de la población mexicana, es decir, la décima parte más rica.
Inmediatamente, Ramírez Cuéllar busca en su comunicado justificarlo al proponer un Nuevo Estado de Bienestar basado en la progresividad fiscal, en la que pagarían más impuestos los que más tienen.
Falta que Morena desarrolle aún más su propuesta y que efectivamente se abra un debate nacional sobre el tema tal y como Ramírez Cuéllar dijo este martes a El Sol de México, sin embargo se pueden empezar a sacar algunas conclusiones.
Primero, le faltó sensibilidad. En el fondo la propuesta del político para dar respuesta a la crisis cruza por el aumento de la capacidad recaudatoria del gobierno y por un mayor orden en mercados estratégicos que se encuentren acaparados por pocos jugadores, léase alimentos, medicamentos y materiales de construcción.
Aunque no lo propuso así, la idea de control estatal de precios y persecución fiscal no sientan bien cuando sólo hace unas semanas por decretazo presidencial se les dio carta abierta a las Fuerzas Armadas para ejercer tareas de seguridad. A eso hay que sumarle el acortamiento a las libertades de asamblea y libre tránsito que estamos viviendo a causa del Covid-19.
Sin querer, el político avivó aún más los miedos a un Estado totalitario.
Segundo, por definición un componente básico del trabajo del Inegi en todas sus encuestas es el anonimato de los sujetos; genera aproximaciones estadísticas, no listados. La propuesta sugiere que la identidad de las personas y sus riquezas personales sean vinculadas pues propone que "debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano".
El SAT no necesita del Inegi para conocer quién evade impuestos y tributa poco respecto a su ingreso, ¿para qué mete Ramírez Cuéllar a una institución autónoma y apartidista como el Inegi en esto?
En la marisma de esta crisis nadie serio va a reprocharle al Presidente el desdecirse de su promesa de no hacer cambios al código fiscal y a negarle que existen inequidades tributarias.
A nadie ayuda enmascarar la tributación con ciencia social. Que le llamen por su nombre: lo que necesita este gobierno es una reforma fiscal profunda, una que se rija por el eje de progresividad y la redistribución del ingreso.
No obstante las ausencias que menciono, Ramírez Cuéllar tuvo el gran acierto de reconocer que el gobierno está corto de efectivo para hacer frente al problema, así como tampoco lo hizo al proponer mayor transparencia a través de un Consejo Fiscal el cual informaría permanentemente sobre ingresos y gastos enfocados al combate a la pobreza.
Morena debe desarrollar responsablemente su propuesta pero en general resulta un buen signo que se pongan sobre la mesa temas e ideas disruptivas del status quo, el cual fue de las primeras víctimas de la pandemia. Nuestros tiempos lo necesitan.
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