MONTERREY. En la Secretaría de Educación Pública (SEP) “preocupa que la política se nos esté metiendo a las instituciones de educación superior de la peor manera”, al designar como rectores a personas que incluso, en “el extremo”, sólo tienen estudios de bachillerato o a quienes aspiraron a un cargo de elección popular y no lo consiguieron, aseguró Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a la publicación de hace un mes en este diario que detalló cómo Morena premiaba con rectorías de universidades politécnicas a sus candidatos perdedores en entidades como Michoacán, Sonora, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Afirmó que como Gobierno federal no se han metido en los procesos internos de las instituciones educativas ni han intervenido en la autonomía universitaria en lo que respecta a la designación de nuevos rectores.

“Desde que entró este gobierno no nos hemos metido en una sola institución para decirles a quién deben nombrar”, dijo.

Concheiro Bórquez aprovechó la conversación para llamar a los gobiernos estatales, de todos los partidos, a que sus decisiones en torno a las instituciones educativas las tomen con base en méritos académicos.

“Nos parece que es fundamental que reaccionen en términos académicos porque eso los va a beneficiar. Que escuchen a las comunidades pero que además lo hagan en términos académicos”, dijo el funcionario federal.

Reveló con preocupación el extremo al que se llegó en una entidad. “Tengo un estado, hasta la fecha, que puso a alguien que no tiene licenciatura como rector, eso ya es el extremo. Entonces, alguien que no tiene ni siquiera las credenciales… Nosotros, imagínate, emitimos títulos y ¿cómo va a estar alguien firmando títulos que (el rector) no (tiene)? Esto ya es el límite”.

Después del proceso electoral de este año, Morena acomodó en las universidades tecnológicas del país a algunos de sus candidatos que no lograron un cargo popular. Se trata de fundadores del partido del presidente López Obrador, precandidatos a las gubernaturas, diputados federales y dirigentes de partido a nivel municipal.

Una práctica también de los anteriores gobiernos del PAN y los partidos de la alianza con el PRI, que repitieron en el proceso electoral intermedio.

En otros casos más se trata de rectores que han brincado entre instituciones por casi dos décadas, los denominados chapulines universitarios, además de aquellos que llevan más de una década en el mismo cargo.

Según pudo documentar la OEM en Chihuahua, el gobierno panista de Maru Campos operó en la entidad para presionar a que el rector de su universidad autónoma estatal, Luis Alberto Fierro, renunciara un año antes de concluir con su gestión.

“Yo ya no puedo seguir transformando, el relevo de autoridades universitarias complica la situación”, dijo en su carta de despedida ante el Consejo Universitario.

En su lugar fue designado como interino el abogado Jesús Villalobos Jión, quien a su llegada aseguró que “todos los cambios son positivos”. Aunque en la entidad se habla de la cercanía del abogado con la actual gobernadora.

De todo lo ocurrido en estas instituciones, el subsecretario Luciano Concheiro dice no estar de acuerdo. “No (estoy de acuerdo), la ley General de Educación Superior es enfática en términos de que debe ser a partir de un marco académico determinado (como se hagan las designaciones de rectores). Con la debida consulta a la comunidad, con candidatos que cubran ciertos requisitos académicos”.

“Nos preocupa que en términos efectivos esté sucediendo esto, que la política se nos esté metiendo a las instituciones de educación superior de la peor manera que es utilizarla como reintegro o clientelar”.

En el caso de las universidades tecnológicas y politécnicas, en donde la designación de los rectores pasa por la voz de los gobernadores, dijo que es correcto, en apego a la norma, pero si se hace con respecto a la autonomía académica beneficiará a todos.

“Están haciendo lo que dice la norma. No hay que olvidar que universidades tecnológicas y politécnicas son instituciones de los estados y que por tanto las usan de esta manera. Que creemos que no beneficia a ningún gobierno, que hay que entender que la relativa autonomía de nuestras instituciones de educación superior nos va a ayudar a todos”.

Demandó que en adelante “atiendan a la Ley General de Educación Superior y que convoquen a procesos académicos (para elegir a sus rectores)”.

El CIDE

En el caso de lo que ocurre con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que no es lo mismo porque quien fue designado como director, José Romero Tellaeche, sí tiene todas las credenciales académicas.

Una parte de la comunidad sí lo apoya, cumplió con la norma. “Norma que hizo (Enrique) Cabrero en el sexenio anterior y por qué nadie dijo nada cuando Cabrero nombró, etcétera…”

Mencionó que los centros de investigación del Conacyt tienen otras características y obedecen a una lógica de producción alrededor de la investigación. Y en ese caso, “soy tremendamente respetuoso de la decisión que tomó Conacyt, la directora María Elena Álvarez-Buylla que se reunió con los estudiantes y están dinamizando todo esto. Cuando estaban reunidos con los estudiantes se metieron personajes académicos que a su vez tienen muchos intereses ahí, por lo que ahí es más complejo”.

Reconoció la importancia del CIDE y sus aportaciones a la formación de profesionales y que en ese caso la decisión “no depende de la Secretaría de Educación Pública, aunque sí en términos de política general”, pero no en términos administrativos.

Indicó que durante esta administración de la Cuarta Transformación “nada es intocable. Todos podemos discutir de todo. Estamos viviendo un momento interesante donde podemos discutirnos unos a otros”.