La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, así como al Fiscal General del Estado de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, por la participación de personas servidoras públicas de esa instancia que impidieron el acceso a la justicia.
De acuerdo a sus investigaciones, durante la administración pasada, elementos policíacos ingresaron ilegalmente a siete domicilios sin orden judicial, cometer detención ilegal y arbitraria, retención ilegal y actos de tortura y malos tratos contra 23 personas, 10 de ellas menores de edad, en Macuspana, Tabasco.
Ahí causaron destrozos, derrumbando puertas y ventanas y cateando ilegalmente las viviendas; sin explicación golpearon y detuvieron a personas adultas y personas menores de edad, maltratándolos al aventarlos en la parte trasera de unas camionetas para así llevárselos detenidos.
Durante el trámite de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia de una de las víctimas en contra de elementos de la Policía Federal, personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco no efectuó oportunamente las diligencias necesarias o idóneas para la investigación del delito.
La CNDH refirió que no se pronuncia respecto de la probable responsabilidad penal que se imputó a cinco de las personas adultas, lo cual es objeto de análisis en la causa penal, por lo que sólo se refiere a las violaciones a derechos humanos acreditadas en la recomendación correspondiente.
Por tanto, el caso se debe investigar, procesar y sancionar a quienes hayan cometido faltas y delitos, pero siempre en el marco del Derecho y del respeto a los derechos humanos.
Las conductas de los agentes a acreditar la responsabilidad de las personas inculpadas también deben ser investigadas y sancionadas cuando haya señalamiento de violaciones a derechos humanos, porque de no hacerlo, se contribuye a la impunidad. Las víctimas del delito también deben tener protegidos sus derechos humanos de acceso a la justicia, entre otros, a partir de investigaciones ministeriales adecuadas y profesionales.
Por todo lo anterior, la CNDH recomiendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las 23 víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia que la Comisión Nacional presentará ante la Fiscalía General de la República contra los elementos involucrados, y en el procedimiento administrativo de responsabilidad que promoverá ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.