SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- El movimiento zapatista pareciera estar asilado del mundo, pero al interior de sus bases se tejen decisiones políticas y sociales importantes y el 1 de enero de 2019 alzarán la voz al mundo como lo han hecho por más de dos décadas, comentó Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El activista Pedro Faro expuso que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sigue siendo uno de los principales generadores de un nuevo sistema social en México, con una plana de la comandancia liderada por indígenas y personas originarias de pueblos autóctonos, teniendo como líder militar al subcomandante Moisés y a Galeano como figura retórica del movimiento.
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De la mano de esto, dijo, invitarán a generar una red nacional de resistencia y rebeldía, ya no sólo de pueblos indígenas, también todos aquellos candados del sistema de gobierno.
Los integrantes del EZLN se han pronunciado en contra de la construcción del megaproyecto del Tren Maya, que atravesará parte de la selva chiapaneca.
El centro Frayba señaló que esta postura es apenas la “punta del iceberg”, pues el hecho de que llegue infraestructura a territorio chiapaneco representa despojo de tierras para indígenas, lo que se traduce en confrontaciones entre el gobierno de la Cuarta Transformación y los pueblos nativos del sur de México.
Puntualizó que estas obras de desarrollo provocan un ambiente de exclusión entre los pueblos organizados autónomos, que están en desacuerdo de inicio con el Tren Maya. “Lo que vamos a ver es ese desacuerdo, ha habido declaraciones pero aún no hemos visto una articulación fuerte, sin embargo, puede ocurrir que muy pronto percibamos la defensa del agua, la defensa por la no explotación de tierras por parte de mineras”, finalizó.
TORTURAS Y DESPLAZAMIENTOS
El Frayba documentó durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello más de 165 casos de tortura cometidos contra indígenas de pueblos autónomos de Chiapas.
De esos casos, al menos 100 se ejecutaron en el último trienio de la administración federal y estatal recién concluidas.
Pedro Faro, director de dicho centro de defensa de los derechos humanos, relató que dichas vejaciones fueron cometidas por fuerzas policíacas de los tres órdenes de gobierno y ministerios públicos, todos encubiertos y ordenados por el sistema de gobierno mexicano.
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“Hemos observado que las torturas continúan. Antes se abusaba de indígenas campesinos pobres y líderes sociales, como una forma de intimidar a aquellos que reclamaban derechos o clamaban por justicia, pero ahora persiguen a todos desde que los pueblos originarios han reclamado sus tierras, exigido sus derechos; ahora las instancia de gobierno necesitan implicar en delitos a quienes menos tienen”, dijo.
Señaló que estos expedientes de violaciones a la integridad se han registrado en las zonas Costa, Altos y Fronteriza del estado, donde están asentadas varias comunidades que se manejan con usos y costumbres.
El activista mencionó que además de la tortura como herramienta sucia del gobierno, el número de desplazados de manera forzada aumentó en Chiapas.
Los casos más sonados, afirmó, son el de los indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán, donde al inicio fueron cinco mil 23 personas que quedaron a la deriva y desde septiembre de 2017, un total de mil 236 no tienen atención humanitaria ni apoyo del gobierno que concluyó.