Debido a que México no cuenta con una metodología o indicador que permita medir la corrupción, el comisionado Oscar Guerra Ford, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), propuso crear un Índice para cuantificar la corrupción y así saber cuánto se ha avanzado en su combate y qué hace falta por hacer.
Explicó que ya se mide la corrupción por medio de una encuesta realizada por Transparencia Internacional sobre la percepción, misma que se aplica desde 1995 y que en 2020 puso en el lugar 31 de 100 a México; sin embargo, resaltó la importancia de un Índice que “no sea solo la de percepción (sino) tener un indicador que todos reconozcamos y sea un indicador en el tiempo, como el de medición de la pobreza que aplica el Coneval”, dijo.
Según datos del Banco Mundial y del Banco de México, el costo de la corrupción en el país representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), “lo que significa 2 billones de pesos: significa que el Inai podría sobrevivir 2 mil años con esa cantidad de dinero impresionante”, indicó.
Respecto a la creación de las leyes anticorrupción que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hace cinco años, el comisionado lamentó que se haya avanzado muy poco en la materia, a pesar de que ya 30 entidades cuentan con leyes anticorrupción y han hecho los nombramientos para que entren en funciones los sistemas estatales.
“Tenemos 15 programas estatales anticorrupción, ¿qué pasa con los otros 17 que no han podido llevar a cabo estos programas estatales que son la guía del accionar de la política anticorrupción de los estados? Tenemos un déficit importante”, criticó.
Si bien reconoció que el logro más importante que ha tenido tanto el SNA como los sistemas estatales es la declaración 3de3, dijo que hace falta hacer un estudio aleatorio para ver su consistencia y que sea un incentivo para que las personas servidoras públicas proporcionen información verídica y real.
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En ese sentido indicó que otro reto del SNA es la introducción de nuevos actores al sistema nacional, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Finalmente advirtió que, a pesar de los logros, el Sistema de Denuncias Anónimas de la Secretaría de la Función Pública debería agrandarse y formar parte del SNA. Se podría crear un Sistema Nacional de Denuncias Anónimas, donde se pueda denunciar a un legislador, a un juez, a un integrante de un organismo autónomo, propuso.
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