“La actual ley está hecha habiendo consultado a personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, tengo discapacidad psicosocial, por lo que te puedo decir que la propuesta está hecha con un marco teórico, pero también desde la experiencia de las personas con discapacidad psicosocial”, asegura Ilse Gutiérrez, integrante del colectivo Orgullo Loco, que participó en la elaboración de las reformas a la Ley de Salud que entraron en vigor en mayo pasado.

Relata que les llevó dos años trabajar el proyecto de ley, y que todo partió de una propuesta de reforma al sistema de salud originalmente presentada por el Partido del Trabajo (PT), que desde su punto de vista era violatoria de derechos humanos porque avalaba, por ejemplo, el internamiento involuntario y otras prácticas coercitivas.

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“Como colectivo y como organizaciones de la sociedad civil quisimos crear una propuesta que más que la crítica de que eso está mal pues hacer justamente esta propuesta para subirla a discusión”.

Gutiérrez explica que cuando se modificó la propuesta el PT no quiso abrazarla, pero que en realidad al Colectivo no le interesaba que bancada o grupo parlamentario tomara la propuesta. “Lo que queríamos era que se subiera a discusión y que se aprobara. Era lo de menos si la tomaba Morena, si la tomaba el PRI, si la tomaba el PAN. He leído por ahí algunos comentarios de personas que asumen que es una situación política, como en ese sentido de la austeridad y que Morena desea desmantelar muchas instituciones, ahorrar recursos, pero la reforma no tiene ese objetivo”.

El objetivo de la reforma, afirma, es, entre otros, generar un sistema de atención a la salud mental que realmente sea digno y eficiente, pero también respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad. “Esos eran como los tres ejes y que estuviera desarrollada conforme a un marco de derechos y está armonizada conforme a la convención de los derechos de las personas con discapacidad en el tema de salud mental”.

Ejes rectores

Sobre los puntos más importantes de la actual ley, la activista señala, para empezar, que toda práctica clínica tiene que ser ya bajo consentimiento informado de la persona, la usuaria de servicios de salud mental y la decisión debe ser respetada. Si la persona dice que no, deberá proveerse a la persona usuaria de mecanismos de apoyo para la toma de decisiones y se le deberá de reconocer el derecho de generar voluntades anticipadas.

“¿A qué me refiero con todo este punto uno?, a que la persona usuaria tiene totalmente capacidad jurídica y capacidad de decidir si quiere o no tratamientos, y qué es lo que desea y qué es lo que no desea, y eso tiene que ser respetado por el personal de salud. Esto anteriormente no pasaba, si el médico consideraba que era una persona que requería internamiento involuntario, se procedía a generarlo internamente voluntario.

“Hay algo que se usaba mucho que era el Código Morado, que es un manual de sector salud para intervenir a las personas que han sido ingresadas a estos centros y dicen muy detalladamente cómo se tiene que amarrar a la persona en la cama para que no pueda moverse físicamente, pero también inmovilizar con sedantes, con psicofármacos, con medicamentos”.

Sobre el segundo punto a destacar, Gutiérrez señala que se deberá garantizar que la atención sea comunitaria e integral, continua e interdisciplinaria, respetuosa de derechos humanos y se tiene que promover la capacitación correspondiente en torno al tema al personal de salud. Se tienen que desarrollar acciones educativas y de promoción para la salud.

“Aunque el modelo sea comunitario no quiere decir psiquiatrizar a la población o sea poner psicofármacos al alcance de la población. Por intervención comunitaria hablamos de espacios de escucha, de espacios de intervención en donde las personas puedan sentirse escuchadas si tienen alguna crisis y quien pueda inducirles ciertas acciones o dispositivos que les permitan desescalar esas crisis; un ejemplo es el apoyo mutuo o el apoyo entre pares”.

El apoyo entre pares, asegura, es un dispositivo bastante potente, conducido y organizado por los especialistas en salud mental, que no precisamente contempla la medicalización de las personas.

Afirma que se pone mucho énfasis en el tema de la atención integral de las enfermedades, para que no se quede todo en los medicamentos. Muchas veces se cree que por tomar antidepresivos ya se le va a quitar la depresión a la persona, o que tomando antiansiolíticos se le quita la ansiedad a la persona, o antipsicóticos y ya está bien el esquizofrénico.

“La medicación, por sí sola, no es la salida. Se necesita un tratamiento integral que contemple esto que comento en la parte de los dispositivos tanto en lo educativo, el apoyo mutuo, el desescalamiento de crisis, pero también otro tipo de atención, como por ejemplo la alimentación. La parte de la alimentación es vital. Yo tengo ataques de pánico y nunca me dijeron que no tenía que tomar café o chocolates, o este tipo de sustancias.

Sobre salud mental también es importante reconocer que vivimos en un ambiente de violencia, de género, pero también la hay cuando las personas no tienen acceso a un trabajo digno o acceso a un contexto educativo que realmente sea respetuoso de sus derechos. Entonces no podemos sentirnos bien emocionalmente cuando estamos, por ejemplo, atravesando estos años en la pandemia.

“A nosotros en la página de Orgullo Loco todos los días nos llegan mensajes de personas o familiares solicitándonos información de algún lugar donde puedan llevar a un familiar o conocido, pero no a internar. Y no hay lugar a donde les podamos llevar porque son casos de una persona que se ha sentido muy mal emocionalmente y está ahorita actualmente en su casa, que está deprimida, no quiere salir y la familia está preocupada”.

Para la integrante del colectivo es importante recalcar que la reforma plantea, en efecto, la desaparición de los hospitales psiquiátricos monovalentes especializados, pero de manera paulatina, no de golpe. Hay gente viviendo por décadas en hospitales, por ejemplo en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, ubicado en Chalco, o en el Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano, El Batán, en Puebla, que son hospitales donde la gente vive; no son de entrada por salida, como el Fray Bernardino, en Tlalpan, del que en 20 días sale la persona hospitalizada.

“Lo que debiera existir para esas personas que viven de planta en un hospital psiquiátrico son los mecanismos necesarios para que ellas se puedan integrar a la sociedad. Estas personas que están habitando en estos lugares no tienen papeles, no tienen una identidad, no tienen a veces ni acta de nacimiento, no conocen familia, no tienen INE, no votan, no están participando en estos ejercicios de participación ciudadana, no pueden ejercer libremente su sexualidad, no tienen acceso a educación, no trabajan.

“Si no tienes acceso a todo eso que es lo que conocemos nosotros cómo vivir, cómo es que queremos que un modelo así reintegre a las personas y las cure. Es contradictorio que recluyendo a una persona tanto tiempo se le intente reinsertar de esa manera en la sociedad o reintegrar o incluir.

“Lo que queremos es que el modelo salga a la comunidad y se generen las estrategias y los registros y los mecanismos necesarios para promover la desinstitucionalidad de las personas, pero también para atender a la población en general. Para la redistribución y la readministración de todos estos recursos de salud mental es poco el presupuesto, se necesitan más recursos todavía”.

Sobre el tema de que algunos enfermos no pueden decidir por sí mismos. Gutiérrez dice que la ley parte de la idea de que todas las personas tienen la capacidad de decisión en tanto a nuestra capacidad jurídica, porque al final es un derecho.

“No podemos juzgar a una persona y decirle ‘sabes que como que te veo raro’ por lo que yo digo que no puedes decidir algo sobre tu futuro. Esto es un criterio de discriminación y es inconstitucional y es ilegal. Es discriminación por situación de discapacidad, entonces bajo este criterio no es posible decir que una persona tiene o no la facultad para decidir porque al final estaría decidiendo sobre su propio cuerpo”.

La activista recuerda que, a nivel mundial, ya existen prácticas como por ejemplo en Noruega, donde existen hospitales con cero administración de psicofármacos y se están probando varias maneras de desescalar crisis e intervenir de manera comunitaria. En Argentina hace años se aprobó la ley que también prohíbe los internamientos en los hospitales psiquiátricos.

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“En todo el mundo estamos en este proceso tanto de construcción de herramientas y de estrategias para que la salud mental se acerque a la comunidad y se vaya construyendo este nuevo modelo”, asegura Ilse Gutiérrez, integrante del colectivo Orgullo Loco.