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ZACATECAS. "A mi local llegó un sujeto que dijo que venía del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero a mí no me pidió dinero, me pidió oro" dijo la propietaria de una joyería en Zacatecas, una de las tantas víctimas de extorsión o cobro de piso que hay en el país. Líderes de cámaras empresariales señalan que los negocios más afectados son los restaurantes y transportistas a quienes los grupos criminales piden cuotas promedio de 15 mil pesos. Sin embargo, ningún sector productivo escapa, desde comerciantes ambulantes hasta medios de comunicación.
“Normalmente los sectores más afectados son el de alimentos y bebidas, como son restaurantes, bares y cafeterías, ya que ahí se mueve mucho flujo de dinero. Las papelerías, estéticas o tortillerías no se ven tan impactadas porque sus ingresos no son tan altos y dejan de ser giros atractivos para los delincuentes”, mencionó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.
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De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión creció un 18 por ciento desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual pasó de ocho mil 734 casos denunciados en 2019 a 10 mil 340 a finales de 2022,
Las denuncias, de las cuales el gobierno federal reconoce que hay una importante cifra negra, pasaron de siete mil 960 en 2020 a ocho mil 828 en 2021 y se incrementaron a 10 mil 340 al cierre de 2022.
“Los reportes que aquí se han dado en relación con la extorsión es que este delito ha ido a la alza... Digamos que es de los dos o tres delitos en los que no se han tenido los resultados que estamos buscando, decirlo así de claro”, dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, luego del ataque a las instalaciones de la empresa Media Group en Michoacán (el 25 de enero pasado), que estaba amenazada por un grupo criminal que buscaba participar del negocio.
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Carlos Azomoza Alacio, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que su sector recibe de dos a tres llamadas de extorsión a la semana, por lo que es considerado el más afectado por este delito.
“El rubro de la extorsión telefónica ha crecido en la entidad de manera exponencial. A nosotros nos marcan hasta 12 veces al mes para pedirnos dinero, principalmente los montos económicos que solicitan a los restaurantes superan los 15 mil pesos”, declaró.
El empresario dijo que tan solo en el transcurso del 2022, un total de 15 establecimientos de comida en Puebla cayeron en el tema de la extorsión, por lo que en su conjunto pagaron más de 200 mil pesos.
No sólo los restauranteros sufren cobro de piso, también sus proveedores son blanco del crimen organizado
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“Te llega la fotografía de un familiar diciendo un montón de groserías y después te marcan de un número de la Ciudad de México diciendo que tu familiar debe 100 mil pesos y que se convirtieron en 300 mil y que debes pagar la deuda. Te preguntan cuánto dinero tienes y te dicen que lo deposites en un Oxxo”, dijo Eduardo Azano Becerra, presidente de la Asociación de Comerciantes de Pescados y Mariscos Frescos en Guadalajara, Jalisco.
En San Juan del Río Querétaro, los principales afectados son los integrantes de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), a quienes les exigen entre 30 mil y 150 mil pesos como “cuota para trabajar”.
“Muchos compañeros hemos sufrido de estas extorsiones vía telefónica, algunos han sido muy claros en decir el grupo delictivo al que pertenecen otros nada más te dan un nombre apócrifo o un alias, al final de cuentas todos tratando de extorsionarte con cantidades arriba de 30 mil pesos, buscando la forma de que se lo deposites, claro bajo amenazas de muerte, de lesiones a la familia, bajo amenazas de ir a tu negocio y generarte un problema”, comentó un tablajero que pidió omitir su nombre.
Este delito obliga a los empresarios a mudar sus negocios de ciudad o estado, o de plano cerrarlos debido a las altas sumas de dinero que exigen los criminales o el temor de que al incumplir los pagos pongan en riesgo sus vidas o las de sus familiares, como en el caso de los vendedores de pescados y mariscos de Guadalajara, de los que siete negocios cerraron en los últimos tres meses.
El Sol de México publicó el pasado 30 de enero que al menos cinco empresarios restauranteros de Zacatecas mudaron sus negocios a Aguascalientes ante el clima de inseguridad y extorsiones que sufren en su estado natal.
Baldomero Flores, exdirigente de la asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en la zona metropolitana de Zacatecas, informó que ya cerraron cinco tortillerías debido al cobro de piso.
"Hay más que están pensando en cerrar por si esto no se compone, por amenazas de la inseguridad”, dijo. Aclaró que aunque desconoce la cantidad exacta que los extorsionadores les exigían a los tortilleros, los montos hacían incosteables sus negocios.
NADIE SE SALVA
Hay ciudades donde el cierre de negocios es aún mayor. Por ejemplo, en Salamanca, Guanajuato, 40 establecimientos cerraron tan solo entre diciembre de 2022 y enero de 2023 a causa de las extorsiones, reconoció el vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco), Francisco Javier Gonzales Mijes.
Reconoció que en esta ciudad la extorsión afecta a todos los giros, desde la venta de productos cárnicos, panaderías, ventas de tarjetas de celulares, tortillerías, papelerías, tiendas de abarrotes, así como en comercios pequeños.
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En Acapulco, Guerrero, a pesar del cambio de las estrategias de seguridad y la llegada constante de miles de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, el 100 por ciento del comercio sigue siendo víctima de cobro de piso.
“Pagamos muchos impuestos y no vemos mejoría en la seguridad”, dijo el vicepresidente nacional de Concanaco-Servytur, Javier Saldívar Rodríguez, quien añadió que este delito afecta a vendedores de aguas, comerciantes del mercado, empresarios gasolineros, hoteleros, restauranteros, tortillerías y tiendas de conveniencia; “el 100 por ciento del comercio en Acapulco es víctima de extorsión”.
El cobro, de acuerdo con las denuncias de los empresarios, va desde los dos mil pesos hasta los 50 mil pesos, dependiendo del establecimiento
“Pero si es un caso de una empresa constituida como gasolineras, hoteles y son negocios de alto nivel, entonces ya el nivel de la extorsión sube a sumas de los 100 mil pesos mensuales”, reveló el subdirector de Relaciones Públicas de la Fiscalía General de Guerrero, Rafael Lara.
Al cierre de 2022, las entidades en las que más se denuncia la extorsión son: Estado de México, con cuatro mil 153 casos; Nuevo León, con 746, y Jalisco, con 663. En contraste, los estados donde menos se denuncia son Tlaxcala y Chihuahua con ocho casos cada uno, y Yucatán con 10, de acuerdo con el SESNSP.
MODUS OPERANDI
El gobierno federal clasifica la extorsión en directa e indirecta. La primera ocurre cuando el extorsionador se presenta en persona con la víctima y la segunda se realiza vía telefónica o a través de redes sociales.
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“Llegan dos jóvenes en una moto, uno se baja, el otro lo espera; dejan en este caso las cartulinas o las notas amenazantes para que se comuniquen a un número telefónico”, dice el representante de la Fecanaco en Salamanca, quien aseguró que sus agremiados tienen videos que han presentado como evidencia en las denuncias.
Coincidió el empresario gasolinero en Acapulco, Carlos Reyes Paris, quien afirmó que gracias a este delito, las estaciones de servicio dejaron de abrir en las noches.
“Hacen sus llamadas, dejan recaditos y van con los despachadores, llámense hombres o mujeres, y dejan notitas y son grandes formas que ellos (los delincuentes) para hacer llegar de este delito de extorsión”, dijo el empresario.
Sobre la extorsión telefónica, Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente Nacional de Seguridad en la Red Mexicana de Franquicias (RMF), comentó que los delincuentes utilizan un sistema denominado ingeniería social, que consiste en realizar una serie de llamadas, previas a la extorsión, para ir captando la mayor información posible de sus víctimas.
“Primero ven los negocios a través de internet y escogen los que se les hagan más atractivos. Posteriormente, realizan una serie de llamadas haciéndose pasar por conocidos de los dueños, con el fin de obtener datos, los cuales utilizan posteriormente a su favor para realizar la extorsión”, declaró.
Sobre el tema coincide el titular de la Canirac en Mexicali, Baja California, Raúl Vásquez Krauss.
“Hay veces que consiguen el número del dueño y le hablan al empleado; al cajero le dicen ‘sabes que tu jefe se ponchó, ‘tu jefe está atorado en el Banco, necesita que vayas y le deposites a esta cuenta’ y la gente que a veces es inmadura, que se asusta, agarra el dinero y va y deposita, y ya después se da cuenta de que era mentira”.
Sin embargo, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, afirma que esta modalidad es efectiva dependiendo del nivel de educación de la población, porque antes de investigar se deja llevar por el miedo.
“Estamos hablando del delito que más nos preocupa a nivel nacional. Considero que más que denominarle extorsión telefónica tendría que llamarse llamadas fraudulentas; ante ello, lo más conveniente es que como empresarios aprendamos a colgar y después investiguemos si lo que nos dijeron los delincuentes fue real, antes de pagar o realizar alguna transferencia bancaria”, externó.
TRANSPORTISTAS
El otro sector mayormente afectado es el de los transportistas, ya sea de pasajeros o de carga, los cuales son extorsionados tanto por delincuentes como por elementos de seguridad corruptos.
Hasta un 80 por ciento de los transportistas de Parral, Chihuahua sufrieron una extorsión por parte de alguna autoridad durante 2022, aseguró Juan de Dios Loya Lazcano, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.
“De verdad es algo que nos toca vivir a todo el gremio de transportistas, somos víctimas de la extorsión de parte de las diferentes corporaciones policiacas así como por grupos de la delincuencia organizada también”, dijo.
La misma situación viven los concesionarios del transporte público en Chiapas, por lo que casi a diario realizan protestas o paros de labores para exigir a los tres órdenes de gobierno una solución inmediata y contundente.
Transportistas de las empresas Unión y Progreso, Paulino Navarro, Costeños de Chiapas y Rey Dary, afirmaron que en lo que va del año suman dos choferes de transporte público muertos, en los municipios de Escuintla y en Huixtla; además de lesiones a otro conductor en Cacahoatán y la quema de una unidad colectiva, debido al cobro de piso.
La misma situación la vive Acapulco, en donde en los últimos cinco años han sido quemadas decenas de unidades del transporte público, ya sea taxis o autobuses, además de que varios choferes han sido asesinados en ataques a plena luz del día en sitios de taxis o bases, sin que a la fecha haya una solución.
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A pesar de los testimonios, las denuncias son mínimas debido al miedo a represalias o a la desconfianza en las autoridades de impartición de justicia.
“Nadie tiene una cifra real o precisa de cuántas extorsiones sufre la gente, los empresarios, los comerciantes, pues muchas ni siquiera se denuncian ante la autoridad, todo queda en las llamadas cifras negras, que es donde se guardan las extorsiones por pago de piso, por amenazas, por un supuesto cobro de rescate y hasta por una venta que ni siquiera existió”, advirtió el presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Torreón, Coahuila, Marco Antonio Zamarripa González.
||Con información de Editoras OEM||
