La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considero que los esfuerzos de autoridades para incidir en las conductas delictivas no han sido eficaces ni hay coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar el elevado número de secuestros de personas migrantes, ya que faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos.
El organismo nacional señala que de acuerdo al informe “Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes”, calculó que en un semestre, (de septiembre de 2008 a febrero de 2009), las 9,758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares.
Posteriormente, en febrero de 2011, la CNDH hizo público el diverso “Informe Especial sobre secuestro de Migrantes en México” en el que documentó que para 2010 la cifra se incrementó a 11,333 víctimas en seis meses (de abril a septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando como focos rojos los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
No obstante, se advirtió que las autoridades no implementaron acciones eficaces para combatir y prevenir las causas del delito, ya que en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos sin vida de personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
En estos casos, el organismo nacional señala que la actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad.
Este Organismo Nacional advierte con preocupación que las agresiones contra ese grupo vulnerable persisten, como sucedió recientemente en el Estado de Tamaulipas, lo que aqueja no solo a las personas extranjeras en contexto de movilidad, sino a la comunidad en su conjunto, por la inseguridad en esa y otras zonas y los riesgos que al transitar por ahí se presentan, afectando el Estado de Derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos” señaló.
Para garantizar la no repetición de esos hechos se propuso la coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para recabar información respecto de la comisión y combate de la privación ilegal de la libertad de personas migrantes, con el fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito.|