La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administrará este 2023 una megabolsa de al menos 135 mil millones de pesos que pueden ser destinados a comprar equipo militar, realizar obras y dar mantenimiento a sus instalaciones.
Ese monto supera el presupuesto que tienen para este año los poderes Legislativo y Judicial, por 93 mil millones de pesos en conjunto y es casi tres veces superior a la bolsa de la UNAM para el ejercicio en curso.
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Los más de 135 mil millones de pesos corresponden al "monto total del patrimonio" del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) de la Sedena, creado en 2007, es decir, al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón.
El FPAPEM sobrevivió a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer estos instrumentos con el argumento de combatir la corrupción. En octubre de 2020, los senadores aprobaron la eliminación de 109 de estos fondos destinados a rubros como la investigación, deporte, cine o la infraestructura.
El objetivo de esa reforma fue que los recursos regresaran al control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y esta los administrara, sin embargo, el fondo de la Sedena se mantuvo.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el monto total del patrimonio del fideicomiso pasó de 52 mil 705 millones de pesos en el año 2020, a 135 mil 906 millones de pesos al término de 2022, lo que representa un aumento de 157.8 por ciento.
En efecto, en muchos fideicomisos se daba un esquema de opacidad, de gastos no declarados, de corrupción, pero el gasto de la Sedena se mantiene bajo el mismo esquema
David Saucedo, experto en seguridad
En entrevista con El Sol de México, David Saucedo, experto en seguridad, explicó que la crítica a esta herramienta financiera de la Sedena no es por su uso, toda vez que, dijo, los fideicomisos pueden ser beneficiosos para las arcas de la Federación si se manejan correctamente, sino por la opacidad en su manejo.
“El criterio que se utilizó para eliminar fideicomisos no era tan equívoco. En efecto, en muchos fideicomisos se daba un esquema de opacidad, de gastos no declarados, de corrupción, pero el gasto de la Sedena se mantiene bajo el mismo esquema: por un lado, Andrés Manuel elimina los fideicomisos que le parecían un pozo de corrupción y, por el otro, deja este fideicomiso intacto en cuanto a procedimientos (de control)”, consideró.
El especialista recordó que la “tradición” de darle mal uso a la herramienta surgió en el sexenio de Calderón, quien lo creó con el fin de que las Fuerzas Armadas pudieran manejar recursos de manera pronta y expedita para adquirir equipamiento, esto en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
Contrario a lo que sucede en otros países como Estados Unidos, donde el fideicomiso es vigilado y sometido al control de la Cámara de Representantes, Saucedo aseguró que en México la carencia de controles ha hecho que estos recursos sean destinados para fines que no fueron previstos, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
“Sabemos que se ha utilizado para eso porque la propia Auditoría Superior de la Federación lo ha mencionado, (entonces) lo que pensamos es que hubo errores en la programación del presupuesto de estos proyectos de infraestructura, y el fideicomiso se convirtió en la caja chica del Presidente para poder respaldar esos gastos”, apuntó.
Por estas irregularidades, en diciembre pasado, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados exigió a la Sedena transparentar el manejo del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, pues sus recursos se han incrementado “hasta cuatro veces” desde el inicio del actual sexenio.
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Según el último reporte trimestral de las finanzas públicas que presentó la Secretaría de Hacienda a los diputados, el fideicomiso cerró con 42 mil 334 millones de pesos disponibles para adquisiciones en 2022, un monto muy superior a los cinco mil 40 millones registrados en 2018.
Con esta bolsa de recursos, la Defensa Nacional cuenta con una capacidad económica, únicamente para adquisiciones de bienes y servicios similares al presupuesto de la Marina y superior al de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, del Trabajo, Desarrollo Agrario y la Secretaría de la Función Pública.
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