El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, anunció la reclasificación de delitos cometidos durante el periodo conocido como la “Guerra Sucia”, con el fin de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad que previamente no estaban tipificados en el Código Penal y no podían sancionarse de acuerdo a la gravedad de los mismos.
Este cambio permite que crímenes previamente denunciados como secuestro, abuso de autoridad y otros delitos que prescribían, puedan ser investigados y sancionados bajo la figura de desaparición forzada de personas, tortura y demás crímenes de lesa humanidad establecidos en la norma internacional.
Este miércoles 12 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte (SCJN) determinó conceder la protección de la ley a víctimas de la Guerra Sucia y, con ello, aprobó que la Fiscalía federal tenga que investigar y sancionar, a las y los servidores públicos implicados en la represión de movimientos sociales bajo la norma internacional de crímenes de lesa humanidad.
Horas después, mediante un comunicado en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se anunció que desde marzo de este 2024, la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob), implementó la reclasificación de tipos penales.
Según la información, el propósito de esta reclasificación penal es "investigar y eventualmente castigar a los responsables con el objeto de llegar a la verdad y garantizar la no repetición de estos terribles hechos".
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Actualmente, la FGR, a través del Equipo Especial de Investigación y Litigación, ha radicado 244 expedientes en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), con el propósito de integrarlos y determinar su situación legal.
Además, la información refiere que el Comité para el Impulso a la Justicia, conformado por la Segob, la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), trabaja en diversos frentes.
Como la atención a requerimientos; la construcción de un listado y revisión de guía de casos; verificación documental existente; análisis de contexto por patrones, acciones de búsqueda e inhumación, y la identificación y regionalización de los expedientes para solicitar un análisis de contexto.