Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), señaló que hay seis funcionarios de alto nivel en el sector salud que están siendo investigados por cobros indebidos o malos manejos de recursos públicos.
Luego de realizar una mesa de trabajo con diputados federales de Morena en el Recinto Legislativo de San Lázaro, la titular de la SFP, indicó que “ya hay media docena de investigaciones de alto nivel” relacionados al cobro de cuotas por los servicios hospitalarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dentro de los que mencionó que se investiga a la dirección del Hospital de Neurología, además del director del Hospital Infantil y del jefe de Hemato Oncología de ese mismo hospital.
Por otra parte, señaló que dentro de las auditorías que ha practicado la SFP, encontró que hay 65 mil millones de pesos implicados en malos manejos de empresas farmacéuticas con el sector salud. También dijo que las dependencias donde más quejas existen de parte de los ciudadanos son el ISSSTE y el IMSS.
"Hicimos ejercicios fiscalizadores, no nada más auditorías, sino ejercicios de visitadurías, de revisiones de desempeño, de evaluaciones constantes y hemos observado más de 65 mil millones de pesos en general, donde están evidentemente implicados los sectores farmacéuticos, los sectores de salud", detalló.
Asimismo, expresó que en general, hay tres mil 97 funcionarios federales sancionados en los últimos 10 meses, y se están concentrando en los más altos niveles como direcciones generales o titulares de unidad, como parte del combate a la corrupción.
Finalmente, Sandoval presumió que nunca en la historia como ahora se había inhabilitado a funcionarios de Estado, al referirse al caso de Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, así como a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Al respecto, la funcionaria señaló que hay dos funcionarios de la llamada cuarta transformación que están siendo investigados, pero subrayó que no se trataba de los 10 superdelegados que tienen 102 denuncias en su contra.
Cabe recordar que durante su comparecencia, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, en octubre de 2019, Sandoval Ballesteros informó que había 12 denuncias contra 10 de los superdelegados federales de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco.